Ayer inició el juicio contra los directivos de la empresa alemana Sig Sauer, quienes fueron sindicados por haber vendido ilegalmente más de 35.000 armas de corto alcance a Colombia, entre los años 2009 a 2012. La compañía se arriesga a recibir una multa cercana a 1 millón de dólares y los empresarios podrían pagar hasta cinco años en prisión.
Las autoridades alemanas pudieron establecer que la compañía había realizado un entramado comercial para vender las armas que fabricaba desde su filial de Estados Unidos. Según estipulan las normas alemanas, las empresas productoras de armamento no pueden comercializar sus productos en países que se encuentren en medio de un conflicto social y armado.
El juicio, que comenzó el martes en la ciudad norteña de Kiel, se centra en 180 envíos de pistolas SP 2022 semiautomáticas transferidas desde la fábrica de Sig Sauer en Alemania a su filial de Nueva Hampshire de 2009 a 2011. Los fiscales dicen que más de 38.000 de las 47.000 pistolas enviadas a Estados Unidos se mandaron posteriormente a Colombia, infringiendo las normas alemanas de exportación de armas.
En las últimas horas ha trascendido según la agencia AP que tres ex ejecutivos de la compañía, incluyendo uno que se convirtió en director general de la filial el Estados Unidos, llegaron a un acuerdo con la fiscalía sobre estas acusaciones. Los abogados defensores, fiscales y jueces acordaron un arreglo que prevé sentencias suspendidas y considerables multas para los hombres a cambio de confesiones detalladas, según una vocera de la corte regional en la ciudad de Kiel.
De acuerdo con el arreglo preliminar, el actual director general de Sig Sauer Inc. en Newington, Nueva Hampshire, Ron Cohen, recibiría una sentencia suspendida de entre 16 y 22 meses en prisión y tendría que pagar una multa de hasta 900.000 euros (1.024.740 dólares). La agencia noticiosa alemana dpa reportó que el abogado de Cohen dijo que el ejecutivo de 57 años sabía del destino final de las armas pero no lo consideraba un problema porque la venta era parte de un contrato del gobierno estadounidense con el gobierno de Colombia.
Durante el período en el que las pistolas fueron enviadas a Colombia, las fuerzas de seguridad del país sudamericano estaban enfrascadas en una lucha contra las organizaciones narcoterroristas de las FARC y el ELN. En la actualidad esa institución usa diariamente más de 100.000 unidades de estas armas en labores de seguridad ciudadana.
En un comunicado publicado el 28 de abril de 2009, la filial de Sig Sauer en los Estados Unidos aseguró que sabía que, a través del ejército en ese país, había concretado pedido de 55.890 pistolas que iba a ser entregado a la Policía Colombiana y que quedaba pendiente una segunda entrega de 42.000.
En el comunicado indicaba que era un contrato a largo tiempo y que la venta total era por un valor de 306 millones de dólares a EE.UU; además, aseguran que Ron Cohen, presidente y CEO, estaba orgulloso de la venta logrado que también contribuye a la generación de empleo.
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