Tres drones cargados con explosivos atacaron el 16 de septiembre el radar tridimensional de vigilancia aérea de la Aeronáutica Civil instalado en el corregimiento de El Carmelo, municipio de Candelaria, Valle del Cauca. El ataque produjo daños localizados en el radomo del sistema, pero no dejó personas heridas ni provocó la pérdida de funcionamiento del radar. El análisis técnico preliminar de Webinfomil.com sostiene que los impactos afectaron algunas láminas de fibra de vidrio del radomo sin comprometer los equipos radar instalados en su interior.
La acción fue atribuida preliminarmente a estructuras disidentes de las FARC, aunque las autoridades mantenían la investigación sobre la autoría. La Defensoría del Pueblo señaló que el objetivo atacado constituye infraestructura civil vinculada a la prestación del servicio de navegación aérea y advirtió que una afectación de este tipo puede generar riesgos para las operaciones aeronáuticas, incluidos vuelos médicos, traslados de pacientes y otras operaciones esenciales.
El sistema atacado corresponde al primer radar 3D civil instalado en Colombia y fue puesto en servicio en julio de 2025 como parte de la modernización de la red nacional de vigilancia aérea. La infraestructura está destinada a proporcionar vigilancia del espacio aéreo en el sector occidental del país y apoyo a los servicios de aproximación de aeronaves que operan hacia el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Su cobertura alcanza aproximadamente 474 kilómetros de radio, equivalentes a 256 millas náuticas, y permite determinar parámetros como posición, altura, velocidad y rumbo de las aeronaves, incluidas aquellas que no transmiten información mediante transpondedor.
El proyecto forma parte del contrato adjudicado por Aerocivil a la empresa española Indra por más de 60 millones de euros para renovar más del 50 % de los radares de vigilancia aérea de Colombia y construir siete nuevas estaciones. El programa contempla siete radares primarios, uno de ellos de largo alcance, siete radares secundarios monopulso MSSR en Modo S con ADS-B integrado y siete sistemas ADS-B independientes. La arquitectura está concebida para proporcionar vigilancia durante las fases de despegue, vuelo en ruta y aproximación a los principales aeropuertos del país.
El radar primario instalado en el Valle del Cauca pertenece a la familia LANZA PSR 3D de Indra y está integrado con un radar secundario monopulso MSSR-S. El PSR 3D emplea tecnología de estado sólido y vigilancia tridimensional para determinar la posición y altitud de aeronaves cooperativas y no cooperativas. La familia LANZA utiliza operación en banda L y antenas de matriz electrónica con haces estrechos en elevación, una arquitectura destinada a mejorar la detección de blancos a baja cota y reducir los efectos del clutter terrestre. La documentación de Indra para el LANZA PSR 3D identifica operación en la banda de 1.250 a 1.350 MHz, tecnología de transmisión de estado sólido y alcances instrumentados de hasta 100 y 150 millas náuticas según configuración.
El radar primario trabaja conjuntamente con el MSSR, que permite obtener información de identificación y seguimiento de aeronaves equipadas con los correspondientes sistemas de respuesta. Indra señala que los radares secundarios MSSR Modo S empleados en la renovación colombiana estarán integrados con sistemas ADS-B, incorporando automáticamente información transmitida por las aeronaves. La combinación de sensores permite construir una imagen integrada del tráfico aéreo y transmitir los datos hacia las dependencias de control correspondientes.
La estación del Valle del Cauca está instalada sobre una torre de aproximadamente 30 metros de altura, con una estructura metálica de unas diez toneladas que sostiene el radomo. Este último protege físicamente la antena y los componentes del radar frente a las condiciones ambientales sin bloquear de forma significativa las ondas electromagnéticas empleadas por el sistema. La función del radomo fue relevante durante el ataque del 16 de septiembre: las explosiones produjeron daños visibles en la fibra de vidrio, pero las cargas no alcanzaron los elementos electrónicos principales del sensor, por lo que el sistema continuó operativo.
El empleo de aeronaves pequeñas de tipo FPV (First Person View) es una novedosa una modalidad de ataque distinta a la utilización de drones comerciales adaptados para lanzar municiones que se presenta con mayor frecuencia en el país. En este caso, los aparatos fueron empleados como plataformas de ataque directo contra la infraestructura, con explosivos transportados hasta el objetivo. El concepto FPV permite al operador mantener una visión en tiempo real desde la aeronave y dirigirla hacia un punto específico de impacto. La reducida dimensión de estas plataformas, su bajo coste relativo y la posibilidad de emplearlas como munición merodeadora improvisada permiten que grupos terroristas incorporen una capacidad de ataque de precisión tener que invertir grandes cantidades de recursos.
El incidente se produce dentro de una expansión sostenida del empleo de drones armados por grupos terrroristas en Colombia. Según el Servicio de las Naciones Unidas de Acción contra las Minas, con datos del Ministerio de Defensa, durante 2025 se registraron 333 ataques efectivos con drones armados, frente a 61 en 2024, un incremento del 445 %.
La evolución de esta amenaza está desplazando el problema desde el campo de batalla hacia instalaciones cuya función no está relacionada directamente con operaciones militares. Radares de vigilancia aérea, subestaciones eléctricas, infraestructura de transporte, depósitos de combustible, centros de comunicaciones, instalaciones aeroportuarias y otras infraestructuras de carácter estratégico se encuentran en alto riesgo en todo el país.
En el caso concreto de Candelaria, el ataque vuelve a poner en evidencia las dificultades que ha tenido Colombia para convertir los anuncios de adquisición de sistemas antidrones en una arquitectura nacional de protección efectiva para instalaciones críticas. En diciembre de 2025, tras el ataque contra la base militar de Aguachica, el presidente Gustavo Petro ordenó la compra inmediata de sistemas antidrones y anunció una inversión de aproximadamente un billón de pesos para acelerar la primera fase de un Escudo Antidrones de carácter nacional, sin embargo ese proyecto quedó en el aire.
El problema es que la respuesta no puede quedar limitada al desarrollo de una futura capacidad C-UAS tecnológicamente avanzada. Mientras los lentos procesos burocráticos para adquirir sistemas antidrones avanzan, las instalaciones militares, policiales y de infraestructura crítica continúan expuestas a aeronaves no tripuladas de pequeño tamaño empleadas como plataformas de ataque.
Las Fuerzas Militares y de Policía están en mora para incorporar medidas físicas relativamente sencillas destinadas a reducir la vulnerabilidad de sus componentes críticos, sin esperar a la entrada en servicio de una solución C-UAS de cobertura integral. En este aspecto, elementos como redes, estructuras de malla, cubiertas, barreras físicas y refuerzos localizados pueden introducir una capa adicional de protección. No sustituyen a los sistemas antidrones, pero obligan a que el atacante supere una barrera física antes de alcanzar el elemento que pretende destruir. En el caso del radar de Candelaria, el radomo cumplió accidentalmente una función de separación entre las cargas explosivas y la antena, aunque su diseño está destinado a proporcionar protección ambiental y permitir el paso de las ondas electromagnéticas, no a resistir ataques.
La experiencia acumulada en Ucrania ha llevado este principio a una escala mucho mayor. Las instalaciones energéticas sometidas a ataques recurrentes mediante drones han incorporado estructuras de protección, cubiertas y redes destinadas a mantener una separación física entre los vectores de ataque y los equipos. Ucrania instaló más de 534 kilómetros de protección mediante redes sobre carreteras en siete regiones durante 2025 y en 2026 planteó extender esa cobertura otros 4.000 kilómetros.
Para Colombia, la aplicación de este concepto a instalaciones como radares, instalaciones militares y otros puntos de infraestructura crítica permitiría incorporar una capa adicional de supervivencia sin depender exclusivamente de sistemas electrónicos contra drones o de interceptores. Una red física correctamente diseñada, una cubierta estructural separada del componente sensible o una protección modular pueden obligar al atacante a tener que superar una barrera adicional antes de alcanzar el elemento que pretende destruir.
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| Terroristas de las FARC atacaron con drones FPV un radar de la Aeronáutica Civil en el Valle del Cauca y exponen brechas en la protección de infraestructura crítica |
