(Por Erich Saumeth Cadavid) - La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, así como la Fiscalía General de la Nación colombiana, han publicado sus informes correspondientes a 2024. Los documentos revelan nuevas cifras sobre el impacto que el narcotráfico y las organizaciones criminales trasnacionales están generando sobre la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público en Colombia.
Estas revelaciones se sintonizan también con las actuales percepciones que la ciudadanía de esta nación tiene y expresa respecto de la seguridad y de cómo la falta de esta viene afectando sus entornos más inmediatos y al país en general.
Sin embargo, esas percepciones tienen como sustento situaciones reales que se desarrollan en los territorios y que han incidido de manera directa en el continuo deterioro del orden público, particularmente en el nororiente y suroccidente de esta nación.
198 organizaciones criminales:
Esas situaciones se derivan —en primer lugar— del accionar delictivo de las principales cinco organizaciones criminales trasnacionales: Clan del Golfo (AGC/EGC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Disidencias de las FARC (EMC/EMB), Reincidencias de las FARC (Segunda Marquetalia) y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Asimismo, de los 61 grupos delincuenciales armados organizados y de 130 grupos delincuenciales comunes organizados, amén de la creciente presencia de organizaciones como el Tren de Aragua y el Primer Comando Capital (PCC).
Pero el incremento de ese accionar se produce por el crecimiento —especialmente en los últimos dos años y medio— no solo en la presencia territorial sino en el número de miembros de estas organizaciones. El Clan del Golfo es el más numeroso, pasando de 4.000 a 9.000 efectivos (+125 %) con presencia en 316 municipios; seguido del ELN que paso de 3.000 a 5.000 miembros (+50 %); y finalmente de las Disidencias y Reincidencias, que sumadas pasaron de 2.300 a 4.000 (73 %), la primera con presencia en 209 poblaciones y la segunda en 65. A esto se le suma la alerta de la Defensoría del Pueblo, que advierte riesgos, amenazas y vulneraciones en diez diferentes zonas, coincidentes con áreas de profusos cultivos ilícitos.
Nula aspersión, mínima erradicación y bajas porcentuales en la incautación:
Estas organizaciones son responsables además del constante aumento en el número de hectáreas de coca sembradas, así como en el de toneladas recogidas. Esto se debe a la suspensión de la aspersión aérea (que ha fomentado la deforestación y los crímenes ambientales) y a la erradicación manual (cuya meta es de solo 10.000 hectáreas anuales, lo que representa menos del 80 % respecto a años anteriores), lo que les permitió en el año 2021 sembrar 201.000 hectáreas con una producción de 1.400 toneladas; en el año 2022 alcanzar las 203.000 hectáreas y 1.783 toneladas; en el 2023 llegar a las 246.000 hectáreas y 1.921 toneladas; y en 2024 lograr 253.000 hectáreas y un récord de 2.664 toneladas. Estos resultados se han incrementado por la tecnificación y optimización del cultivo y del procesamiento, que posibilitó pasar de tres a seis cosechas anuales (reiteramos, gracias a la prohibición de la aspersión) y pasar de una producción de 5.200 kilogramos por hectárea en 2015, a 5.700 kg en 2017, 6.500 kg en 2018, 6.700 kg en 2019, y conseguir los 10.800 kilos en 2024 (2.449 kg, según el Gobierno colombiano), que representan un aumento del 53 % en la productividad de los cultivos.
Esas 2.664 toneladas representan el 64 % de la producción mundial de coca, derivada de las 355.000 hectáreas sembradas no solo en Colombia, sino en Perú (27%), Bolivia (8%) y ya en Ecuador país por cuyo principal puerto (Guayaquil) saldría gran parte de la producción colombiana, que representa un 97 % de la cocaína que se consume en los Estados Unidos.
Estos aumentos en la producción y las disminuciones en cuanto a la erradicación han producido a su vez una baja porcentual y progresiva respecto del porcentaje total de toneladas incautadas. Se pasó de 669 en 2021 (47.7 % del total estimado de toneladas producidas) a 659 en 2022 (36.9 %), a 724 en 2023 (37.6 %) y finalmente a 861 en 2024 (32.3 %), es decir con una disminución en los decomisos del 15.4 % en solo cuatro años (de 2021 a 2024), generando las cifras del pasado año fuertes tensiones al interior de las Fuerzas Militares, por discrepancias en cuanto al acumulado total real (tonelaje interrumpido).
Las cifras anteriores permiten dimensionar el poder económico que no solo el narcotráfico, sino la minería ilegal, el tráfico de insumos, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el tráfico de especies, el tráfico de migrantes, la trata de personas, el secuestro y la extorsión, generan a estas organizaciones. A su vez, esto les brinda la posibilidad de financiar expansiones territoriales, reclutamientos forzosos y de uso (409 menores en 2024, un 19.6 % más que en 2023), así como la implementación de acciones de gobernanza criminal —particularmente en zonas rurales— ejerciendo control territorial, influencias económicas, sociales, culturales y políticas sobre las comunidades, con una evidente violación de sus derechos fundamentales.
Sin embargo, aunque no hay una cifra consolidada respecto al número de kilos de cocaína que son comercializados al interior del país (para 2016 se valoraba en un 20 % del total de la producción), en 2015 el Departamento Nacional de Planeación estimó que se mercadearon localmente sustancias psicoactivas por aproximadamente 2.194.586.686 dólares (seis billones de pesos a una tasa promedio de cambio ese año de 2.734 dólares), reflejo esto no solo de la expansión de las redes de distribución, sino además de las nuevas modalidades de comercialización y del real problema derivado del narcotráfico y del tráfico localizado, que no es nada diferente al consumo de sustancias psicoactivas (PSA) a nivel interno.
Tráfico y consumo al alza:
La conexión que se genera entonces entre el tráfico de PSA y la inseguridad, incide directamente en la percepción que tiene la población respecto de su seguridad y la de sus entornos, pero sobre todo del alto consumo de estas sustancias dentro de la población de niñas, niños y adolescentes (NNA).
Y eso se reflejó a nivel nacional en los resultados de las mesas técnicas de trabajo que se realizaron en desarrollo de la etapa de diagnóstico de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadanos municipales, plasmándose en los mapas de conflictividades y en la priorización de resultados.
De hecho y tal como se mencionaba anteriormente, la evolución de las formas en que las PSA se distribuyen en la actualidad (desplazando a la olla tradicional y la estigmatización asociada a ella), así como los métodos y usos para la compra/venta de las mismas, empleando medios, canales y app virtuales (para pagos y envíos a domicilio), han facilitado no solo poder acceder a un mercado que se expande de manera proporcional al crecimiento de estos dinamizadores criminales, sino además adquirirlas sin que haya una traza o huella visual o física del hecho, lo que facilita evidentemente su comercialización dentro de una población que entre los 18 a los 34 años concentra en un 80.6 el porcentaje de consumidores en el país.
Y es que ese consumo ha aumentado en un 20 % a nivel mundial en los últimos diez años, lo que representó ventas solo de cocaína por 23.000.000.000 de dólares en 2023. América Latina es el segundo consumidor global, con el 24 %, a solo seis puntos porcentuales de Estados Unidos.
El retorno del secuestro y la extorsión:
Pero no solo es el tráfico localizado de PSA, sino además una serie de delitos y conductas que —de manera notoria— afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. La Fiscalía General de la Nación indicó en un informe el pasado 16 de enero de 2025, el aumento en la comisión de varios delitos, entre ellos, la extorsión, que pasó de 15.321 casos en 2023 a 15.802 en 2024 (+1.7 %); la violencia intrafamiliar, que pasó de 88.639 casos en 2023 a 123.541 en 2024 (+39.3 %); el secuestro extorsivo, de 714 a 656 casos en 2024 (-8.1 %); el secuestro simple de 1.819 a 1770 (-2.6 %); las lesiones personales que pasaron de 75.242 a 79.731 (+5.9 %); los delitos sexuales que subieron de 26.265 a 32.753 (+24.7 %) y los homicidios que pasaron de 13.125 a 13.109 (-0.1 %).
Respecto al secuestro, hay una discrepancia notable con las estadísticas del Ministerio de la Defensa, que reporta solo 231 casos —en ambas modalidades— frente a los 2.426 señalados por la Fiscalía. También en la extorsión, delito del que se estima existen subregistros (de hasta el 109 %) por la reticencia o el temor a denunciar, así como por la falta de credibilidad en la resolución positiva de estos.
Otra conducta que destaca es la de la violencia intrafamiliar, en sus diferentes modalidades (física, psicológica, de género, contra la mujer, contra población NNA, económica, sexual, vicaria), que es un reflejo de la disrupción en las relaciones al interior de los núcleos familiares, producto entre otras razones del consumo de sustancias PSA, así como de bebidas alcohólicas (especialmente los fines de semana), reflejándose esto en el número de denuncias presentadas ante comisarías de familia, inspecciones de policía y personerías municipales (entre otras instancias) los inicios de semana.
Masacres y desplazamientos:
Por otro lado, es alarmante también el número de masacres cometidas. Se han reportado, durante los últimos dos años y medio, aproximadamente 207 casos, con más de 700 víctimas. La Fiscalía destaca que en 2023 fueron asesinadas 366 personas por este tipo de casos, sumadas a las 374 del pasado 2024.
Sin embargo, el resurgimiento de los desplazamientos masivos —que solo en la región del Catatumbo alcanzaron la cifra de las 54.098 personas— son otra muestra más de la degradación del orden público, cuya alteración podría generarse también en el sur del Departamento de Bolívar (Magdalena Medio), en la Sierra Nevada de Santa Mara, en Putumayo y en los ya desafortunadamente tradicionales departamentos de Arauca y Cauca, zonas todas en donde se presenta una profunda depredación de renta ilegales, particularmente narcotráfico, minería ilegal (Magdalena Medio) y tráfico de sustancias, insumos, armas y municiones (sur del país).
Estos hechos ya cíclicos, se han convertido en lo que podría denominarse “normalizaciones de la violencia”, entendidas como situaciones en donde se afectan cotidianamente la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público. Esta normalización implica una justificación del hecho violento en el que la víctima es en parte responsable del mismo y en la que se da por descontado la no resolución del delito y la impunidad anticipada de los responsables. Lo anterior producto de la escaza capacidad disuasiva del Estado, que se traduce en la imposibilidad de disuadir al delincuente de que cometa precisamente un hecho delictivo, de no poder privarlo de la libertad o en el mejor de los casos de privarlo de la libertad durante un tiempo mínimo preventivo, de no poder tampoco condenarlo, pero sobre todo de no poder evitar que, aunque este condenado y recluido siga delinquiendo.
Todas estas situaciones, que no son nuevas para esta nación, son precisamente una muestra de la incapacidad histórica no solo del estamento político, sino de la sociedad en su conjunto, de poder plantearse y materializar una política pública en seguridad que se sintonice con la realidad del territorio, que no descargue sus responsabilidades exclusivamente en las Fuerzas Armadas y que aborde el narcotráfico no solamente como un problema de seguridad y orden público, sino como lo que en esencia es: un problema de salud pública, parte de cuya solución debe pasar por la regularización del consumo, luego de 53 de años de la declaración unilateral de una guerra (contra las drogas el 18 de junio de 1971) que evidentemente se está perdiendo, dejando en claro que nunca se ha ganado nada librándola.
-Con información, datos y cifras de:
1-Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito
2-InSight Crime
3-Fundación Paz y Reconciliación
4-Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
5-Revista Colombiana de Psiquiatría
6-Fundación Ideas Para la Paz
7-Ministerio de Justicia y el Derecho de Colombia
8-Observatorio de Drogas de Colombia
9-Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia
10-Consejo Nacional de Prevención
11-Departamento Nacional de Planeación
12-Ministerio de la Defensa Nacional de Colombia
13-Policía Nacional de Colombia
14-Fiscalía General de la Nación
15-BBC News Mundo
16-Diario El Tiempo
17-Revista Semana
18-France24
19-Agronegocios
20-Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes
-Erich Saumeth Cadavid, es un Analista e Investigador Colombiano en temas de Defensa, Seguridad, Convivencia y Orden Público. Corresponsal de Infodefensa.com, Janes.com y colaborador de Webinfomil.com
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| Crisis de Seguridad en Colombia: 2.664 toneladas de cocaína y 198 Grupos Criminales amenazan la Seguridad Nacional |
