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La Sala de Reconocimiento de la JEP ha concluido un análisis preliminar sobre el reclutamiento de menores cometido por el grupo terrorista de las FARC-EP y ha encontrado un universo de 18.677 víctimas únicas que sufrieron este flagelo. Esta cifra se obtuvo tras cruzar 31 bases de datos aportadas a través de 36 informes presentados por parte de las organizaciones de víctimas, del Estado y de instituciones universitarias.

La Sala priorizará la investigación sobre el reclutamiento ocurrido entre 1996 y el 2016, para determinar patrones y responsabilidades individuales.  La Sala también analizará tres grupos de conductas asociadas al reclutamiento: violencia sexual y basada en género; desaparición forzada y homicidio, tortura, tratos crueles, humillantes y degradantes y otros actos inhumanos. La Sala determinará si estas conductas, cometidas en el marco del reclutamiento de niños y niñas, constituyen crímenes internacionales.

La Sala concentrará su actuación en una lógica territorial, atendiendo a los bloques de las antiguas Farc-EP y a sus departamentos de influencia. Iniciará por el Bloque Oriental, que cobija los departamentos de Arauca, Boyacá, Cundinamarca, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, y en donde se concentró el 50% de los reclutamientos del país. Dadas las características de estos departamentos, en donde se encuentran localizados 166 resguardos de 60 pueblos indígenas, la Sala indagará de forma específica por el impacto diferencial que el reclutamiento y utilización de niños y niñas tuvo sobre pueblos étnicos y procurará su participación en las versiones que se realizarán.

Para realizar la priorización temporal, la Sala tuvo en cuenta que los datos analizados evidencian cuatro picos históricos de reclutamiento de menores en el país. Uno que comienza a crecer desde el año 1997 hasta llegar a su máximo punto en el 2000, con 1.817 victimizaciones. Un segundo pico, en el 2002, con 1.201 registros, un tercero, en el 2007, con 1.140 víctimas registradas, y un último pico, en el 2013, con 1.766 víctimas. 

Con base en estas cifras se tomó la decisión de la priorización temporal, dado que el periodo de 1996 a 2016 concentra el mayor número de hechos. Esto permitirá evidenciar con mayor claridad su gravedad y representatividad. Es importante aclarar que esta ventana temporal no tendrá ningún impacto en el reconocimiento y tratamiento de quienes ya se han acreditado como víctimas de hechos cometidos antes de 1996. 

En la priorización atendiendo a la edad de las víctimas, la Sala determinó dos hipótesis de trabajo. De una parte, que las Farc-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente para el desarrollo del conflicto armado a niños y niñas de 15, 16 y 17 años como parte de su política expresa y formal de reclutamiento. De esto da cuenta el registro de, por lo menos, 9.870 menores de este rango de edad en el universo provisional de hechos, que equivale al 52,85% de los registros.

Sobre los niños y niñas reclutadas teniendo 14 años o menos, la Sala trabajará bajo la hipótesis de que las Farc-EP reclutaron y utilizaron sistemáticamente, para el desarrollo del conflicto armado, a niños y niñas de este rango de edad. En los datos que conforman el universo provisional de hechos, la Sala encontró que, por lo menos, 5.691 menores de este rango edad fueron reclutados por las Farc-EP. 
En su ejercicio de contrastación la Sala también encontró que en el marco del reclutamiento y utilización de niños y niñas se presentaron conductas adicionales que pueden constituir crímenes internacionales. 

La primera conducta prevalente asociada al reclutamiento de menores de edad es la violencia sexual y la violencia basada en género. La contrastación hecha hasta ahora muestra que niños y niñas mayores y menores de 15 años fueron víctimas de conductas que afectaron su autonomía e integridad sexual, tal como abortos forzados, anticoncepción forzada, acceso carnal violento o acceso carnal abusivo.

De los relatos entregados por las víctimas acreditadas en el caso, la Sala también ha encontrado que, en el marco de la vida intrafilas de los menores reclutados, pudieron haberse cometidos homicidios, torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes, así como otros actos inhumanos. Esto, principalmente asociado a las sanciones disciplinarias a las que fueron expuestos, a sus condiciones de vida dentro de las FARC-EP y a retaliaciones en contra de las familias o comunidades de las que provenían los menores.
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