En una decisión sin precedentes un fallo de tutela proferido el pasado 29 de octubre por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, ordenó a la Policía Nacional suspender el uso de los agentes químicos en protestas sociales.
El fallo en mención resuelve “ordenar, de forma inmediata, al Presidente de la República y a la Nación – Ministerio Defensa Nacional – Policía nacional que suspenda el uso de los agentes químicos, a) Dispositivo lanzador de pimienta, con propulsión pirotécnica, gas o aire comprimido; b) Granadas con carga química CS, OC; c) Granadas fumígenas; d) Cartuchos con carga química CS, OC y, e) Cartuchos fumígenos y/o cualquier otra sustancia semejante. Dicha prohibición se mantendrá mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria dispuesta por el Gobierno Nacional o sus prórrogas”.
Ante esta decisión el Ministerio de Defensa Nacional aseguró en un comunicado de prensa que "es respetuoso de la independencia judicial, de la división de poderes y de las órdenes emitidas por las autoridades judiciales. Asimismo, es importante reiterar que el Gobierno Nacional es respetuoso y garante del derecho a la manifestación pacífica y ejerce la autoridad legítima del Estado en caso de violencia o vandalismo".
La cartera de defensa afirmó que "el uso de armas menos letales por parte de la Policía Nacional se realiza de conformidad con las normas internacionales de protección a los derechos humanos y los protocolos y reglamentos internos que para el efecto existen".
La entidad encabezada por el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo agregó que: "La utilización de armas, municiones y elementos menos letales está amparada en el marco jurídico internacional, del cual hacen parte los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”. Se trata de armamento autorizado y utilizado por otros cuerpos de policía en el mundo".
El Ministerio de Defensa Nacional aseguró finalmente que hará uso de las herramientas disponibles en el ordenamiento jurídico, con el fin de que se realice una evaluación de acuerdo con el marco jurídico y el fundamento internacional y nacional que existe sobre la materia.
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