En un movimiento sin precedentes, Estados Unidos ha confiscado el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras determinar que su adquisición violó sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones criminales. Según dos funcionarios estadounidenses, el avión fue trasladado a Florida el lunes.
Esta acción marca una nueva escalada en las tensas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y representa un avance en las investigaciones estadounidenses sobre las prácticas que consideran corruptas por parte del gobierno venezolano.
El avión, descrito por las autoridades como el equivalente venezolano del Air Force One, ha sido utilizado por Maduro en visitas de estado a nivel mundial.
"Esto envía un mensaje hasta lo más alto," dijo uno de los funcionarios estadounidenses a CNN. "Confiscar el avión de un jefe de estado extranjero es inaudito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley ni fuera del alcance de las sanciones estadounidenses."
Las agencias federales de Estados Unidos han estado trabajando en estrecha colaboración con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la confiscación. El avión confiscado por Estados Unidos es un Dassault Falcon 900, un jet privado de lujo con matrícula de San Marino T7-ESPRT que se estima tiene un valor aproximado de 13 millones de dólares. Este tipo de aeronave es conocida por su alto rendimiento y capacidad de largo alcance, lo que la convierte en una opción popular entre líderes mundiales y personas influyentes que requieren transporte rápido y seguro.
El Falcon 900 ha sido utilizado por el presidente venezolano Nicolás Maduro en varios viajes oficiales, sirviendo como el avión presidencial de Venezuela, equivalente al Air Force One de Estados Unidos. Este avión, que ha sido testigo de numerosas visitas de estado y eventos diplomáticos, es un símbolo del poder y estatus del gobierno venezolano en la escena internacional.
En los próximos pasos, tras la llegada del avión a Estados Unidos, se buscará la incautación definitiva, lo que permitiría al gobierno venezolano presentar una petición para su recuperación, mientras las autoridades estadounidenses recopilan pruebas del avión.
Esta acción se suma a la presión ejercida recientemente por Estados Unidos sobre el gobierno venezolano para que publique datos específicos de su elección presidencial, citando preocupaciones sobre la credibilidad de la victoria de Maduro.
Desde 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a Maduro y a 14 altos funcionarios venezolanos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción. Además, el Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la captura o condena de Maduro.
La situación en Venezuela ha tenido importantes implicaciones para la política estadounidense, ya que millones de venezolanos han huido del país, muchos de ellos dirigiéndose a la frontera entre Estados Unidos y México en busca de refugio.
Durante años el Gobierno estadounidense, ha confiscado docenas de vehículos de lujo, entre otros activos, que se dirigían a Venezuela, pero nunca un vehículo de tanta relevancia y simbolismo.
“Vemos a estos funcionarios y al régimen de Maduro básicamente desplumando al pueblo venezolano para su propio beneficio”, dijo el funcionario estadounidense a CNN. “Tienes a gente que ni siquiera puede permitirse una barra de pan allí y luego tienes al presidente de Venezuela paseándose en un jet privado de alta gama”.
Las agencias federales, incluida Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), llevan mucho tiempo persiguiendo al régimen venezolano por motivos de corrupción. En los últimos años, HSI ha desbaratado ganancias o recursos ilícitos del gobierno venezolano por valor de 2.000 millones de dólares, incluyendo sentencias, incautaciones y liquidación de cuentas bancarias, según uno de los funcionarios estadounidenses.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a Maduro, junto con 14 funcionarios y ex funcionarios venezolanos, de narcoterrorismo, narcotráfico y corrupción.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca a la detención o condena de Maduro.
El pasado mes de abril, Estados Unidos revirtió parcialmente el alivio de sanciones sobre el petróleo y gas venezolano, al acusar a Maduro de incumplir sus compromisos electorales con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado.
Desde las fraudulentas elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, Estados Unidos ha sido muy crítico con el régimen de Maduro.
La semana pasada, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmó que la continua negativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia es una “violación inaceptable” de las leyes del país.
Su declaración, difundida tras haberse cumplido un mes de los comicios del 28 de julio en Venezuela, criticó igualmente el intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “controlado por Maduro, de silenciar las voces de los votantes ratificando el anuncio infundado del CNE de una victoria de Maduro”.
Como respuesta, el régimen de Venezuela aseguró que “no debe explicaciones” a Estados Unidos sobre la reelección de Nicolás Maduro.
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| Estados Unidos incautó el avión del dictador venezolano Nicolás Maduro en República Dominicana |
