La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de la Policía Nacional por la presunta falta de apoyo a otros miembros de la institución en el departamento del Caquetá, en medio de las protestas que se registraron el pasado dos de marzo en la zona rural de San Vicente del Caguán.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Fuerza Pública sostuvo que por los enfrentamientos que hubo entre campesinos y algunos miembros de la Fuerza Pública se solicitó respaldo en diversas comunicaciones radiales, el cual no habría sido brindado, por lo que pudo facilitarse la retención de varios hombres e incluso los hechos que produjeron el deceso de dos de ellos.
El Ministerio Público sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los funcionarios comprometidos en la conducta objeto de averiguación, por lo que solicito practicar pruebas conducentes a la identificación e individualización de los mismos, para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y si se actuó al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
Cabe destacar que los hechos violentos dejan hasta el momento un saldo de un policía asesinado a mansalva, 78 uniformados secuestrados y cuantiosos daños materiales a la infraestructura petrolera.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó en los últimos minutos que "Todo el personal retenido (78 policías, el personero de San Vicente del Caguán y contratistas de Emerald Energy) se encuentran en buenas condiciones, han estado recibiendo alimentación, agua, están en condiciones aceptables. Yo espero poder llegar donde ellos, verlos y hablar personalmente”, manifestó.
Justamente ayer, La Procuraduría General de la Nación solicitó a autoridades del orden nacional y departamental adelantar acciones ante la grave situación de orden público que se registra en San Vicente del Caguán, Caquetá, por enfrentamientos entre campesinos y fuerza pública.
La problemática que se presenta en el sector de Los Pozos y que fue alertada por el ente de control desde el pasado 18 de febrero, cuando se solicitó la realización de un consejo extraordinario de seguridad, involucra a algunas comunidades organizadas que vienen realizando exigencias para el cumplimiento de compromisos suscritos con la empresa Emerald Energy, generando bloqueos en las instalaciones de la petrolera.
El ente de control había solicitado, desde el 20 de febrero, al Alto Comisionado Para La Paz, Iván Danilo Rueda Rodríguez, estudiar la posibilidad de intervenir desde el grupo trabajo de legalidad y convivencia, con acciones tendientes a promover, desarrollar e incentivar escenarios de participación y procesos de diálogo ante este conflicto.
Así mismo, en esa misma fecha requirió a la viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Lilia Clemencia Solano Ramírez, para que desde el Ministerio del Interior, coordinara la conformación de una comisión de alto nivel, con conocimiento del contexto regional e idoneidad que propendiera por el dialogo social.
En su misiva, la Procuraduría también advirtió sobre el descontento generalizado por la presencia de personal de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), y la presunta movilización de comunidades que se sumarían a esta protesta, agudizando esta situación humanitaria.
Adicionalmente, señaló que los líderes y voceros no perciben como interlocutor válido a los delegados actuales del alto nivel de la rama ejecutiva, situación que afecta las posibilidades para dar continuidad a un diálogo asertivo con estas comunidades.
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| Por posible omisión para apoyar a policías en San Vicente del Caguán, Procuraduría abrió indagación a mandos de la institución |
