El presidente colombiano Gustavo Petro suspendió el domingo el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, considerado el cártel de drogas más peligroso del país, y ordenó reactivar las operaciones militares en su contra.
La tregua bilateral inició el 1 de enero y se tenía previsto que se extendiera hasta el 30 de junio de este año como un gesto de voluntad hacia el grupo armado a fin de adelantar acercamientos rumbo a un sometimiento a la justicia.
“He ordenado a la Fuerza Pública reactivar todas las operaciones militares contra el ‘clan del Golfo’. Se suspende el cese bilateral con este grupo al margen de la ley. No permitiremos que sigan sembrando zozobra”, señaló.
El anunció ocurre seis días después de que el mismo Petro denunció que esta organización era la responsable de los daños en el acueducto de Tarazá, en la región del Bajo Cauca (Antioquia) y tan solo algunas horas después de que el gobernador del departamento Aníbal Gaviria denunció un ataque en la Troncal de Occidente entre Yarumal y Tarazá contra cuatro vehículos de carga y dos buses de transporte público que habría sido perpetrado por miembros del este grupo terrorista.
El Clan del Golfo, que además del narcotráfico está involucrado en la minería ilegal, ha sido señalado por el gobierno de presionar a cientos de mineros informales que sostienen una protesta desde el 2 de marzo en el noroeste de Colombia para exigir garantías laborales y el cese de las acciones de la fuerza pública en la destrucción de maquinaria utilizada en la minería ilegal.
El domingo una patrulla militar fue atacada con fusil, hechos que el ministro de Defensa, Iván Velásquez, condenó. Velásquez aseguró en una declaración oficial que fueron desplegados más de 10.000 efectivos de la policía y ejército con la activación de la ofensiva contra el Clan del Golfo y advirtió que incrementarán la presencia militar de ser necesario.
El comandante general de las Fuerzas Militares, Helder Giraldo, agregó que realizarán operaciones ofensivas para “lograr neutralizar las intenciones que tenga este grupo armado contra la población civil”, mientras que la policía movilizará grupos especiales en la zona.
La protesta de los mineros, que se ha sostenido durante más de dos semanas, ha derivado en algunos actos de violencia, incluyendo la quema de dos ambulancias y un peaje vial, así como el bloqueo de vías que ha provocado un desabasto de alimentos y medicamentos en más de 12 poblados del Bajo Cauca y el noreste de Antioquia.
El ministro del Interior, Alfonso Prada, enfatizó que el gobierno no tolerará “acciones que generen desabastecimiento” debido a que ya hay poblaciones con “hambre en el territorio”. Además invitó a los líderes mineros a buscar consensos, realizar una asamblea minera en la zona y una cumbre nacional para la construcción de un nuevo código de minas.
Petro advirtió el lunes en un programa gubernamental que el Clan del Golfo no “fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia” porque “parece privilegiar más sus negocios” ilícitos, por lo que por el momento no ve posibilidad de negociación hasta que no se evidencie “voluntad política”.
Con su política de “paz total”, el gobierno se ha propuesto disminuir la violencia en el país mediante diálogos de paz con múltiples grupos armados o con propuestas para someterlos a la justicia. Hasta el momento ha logrado reiniciar una mesa de diálogos con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y anunció el inicio de otro proceso con el Estado Mayor Central, una facción de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado.
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