Mediante un fallo de tutela el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca le ordenó a la Agencia de Renovación del Territorio, así como al Ejército Nacional, detener de manera inmediata los operativos de erradicación forzosa de cultivos ilícitos en los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte.
El fallo de segunda instancia ordena "la suspensión inmediata de los operativos de erradicación forzosa de cultivos ilícitos" en esos mismos municipios, "donde no se haya intentado previamente la sustitución voluntaria". Así mismo ordena que "cada vez que se vaya a adelantar procesos de erradicación forzosa deberá realizar procesos de información, persuasión y participación de las comunidades campesinas de los municipios".
La orden del Tribunal está basada en el auto 387 de la Corte Constitucional, que precisó la jerarquía entre los medios de erradicación de cultivos de uso ilícito, donde la sustitución voluntaria tiene prioridad sobre la erradicación forzada, "de manera que ésta sólo procederá en caso de que fracase la primera".
En el fallo el tribunal aclaró, que esta decisión no se trata de "proteger el narcotráfico ni las grandes extensiones de cultivos ilícitos", sino los pactos del Acuerdo de Paz y los protocolos de erradicación de cultivos ilícitos, "salvaguardando al campesino humilde y trabajador que se ha visto obligado a sembrar esta clase de cultivos por la pobreza en la que se encuentra, cuyas causas son centenarias y demandan la presencia del Estado".
Ante la confirmación de esta decisión, el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Holmes Trujillo, señaló que su despacho respeta la decisión judicial "así como también, la independencia de los Jueces de la República y del poder judicial, en el marco de la Constitución y la ley" pero que "la Fuerza Pública debe cumplir con el mandato constitucional y legal irrenunciable de proteger a la población y la integridad del territorio, combatir la red de valor del narcotráfico y destruir los cultivos ilícitos".
Tambien aseguró que "el narcotráfico es el principal combustible de la criminalidad y la violencia en los territorios. La tasa de homicidios en los enclaves productivos de cultivos ilícitos es de más del doble del promedio nacional. Los cultivos ilícitos son responsables de gran parte de la deforestación del país y de la contaminación de fuentes hídricas. Más de 700 litros de insumos químicos son arrojados al medio ambiente para la producción de tan sólo un kilogramo de cocaína".
El Mindefensa también afirmó que "La política integral contra las drogas ilícitas “Ruta Futuro”, adoptada por el Consejo Nacional de Estupefacientes, máxima autoridad en Colombia en materia de lucha contra las drogas ilícitas, da un mandato claro para la utilización de todas las herramientas disponibles por el Estado para la eliminación de los cultivos ilícitos".
También destacaron que "el programa de sustitución de cultivos PNIS, de acuerdo con el Decreto Ley 896 de 2017, se ha adelantado con aquellas familias y comunidades en los tiempos establecidos y en los términos que esta norma y el acuerdo final determinan; es decir, sobre cultivos sembrados antes del 10 de julio de 2016".
