El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sostuvo que la firma de los acuerdos de la paz y el anuncio del cese definitivo al fuego con las Farc está fundado sobre bases de impunidad en el cual los criminales de guerra confesos no pagarán por sus delitos.
Vivanco afirmó en su cuenta de twitter que se había perdido una oportunidad histórica para hacer la paz, criticó que no se pensó en las víctimas del proceso de paz y dijo que el acuerdo permite que se perpetúen los ciclos de impunidad en el país.
“El acuerdo es lamentable para el país”, los guerrilleros de las Farc no van a ser privados de su libertad y van a estar sujetos a unas modestas restricciones”. Agregó que “esto significa una desproporción grotesca entre los delitos y la gravedad de estos y las sanciones que van a recibir realmente no pasan un test de seriedad y les extiende los beneficios para que sean agentes del estado”.
El directivo de Human Rights Watch también aseguró en su publicación que el acuerdo debía “concluir un capítulo trágico en la historia de Colombia”, sin embargo manifestó que con el acuerdo de justicia, que fue anunciado en diciembre de 2015, no respeta los derechos de las víctimas, quienes sufrieron las atrocidades del conflicto.
“El compromiso de las FARC a desmovilizarse y desarmarse debería concluir un capítulo trágico y sangriento de la historia colombiana y ayudar a proteger a víctimas de años de violencia y desgarradores abusos, sin embargo, el gobierno y las FARC frustraron seriamente esta oportunidad de alcanzar una paz genuina con un así llamado acuerdo de víctimas que no respeta los derechos de quienes sufrieron las peores atrocidades cometidas durante el conflicto armado colombiano” puntualizó Vivanco.
“Si el gobierno colombiano tiene intenciones serias de lograr una paz genuina y respetar el derecho de las víctimas a la justicia, debería recurrir a las leyes de implementación para corregir los graves defectos del acuerdo de víctimas”, observó Vivanco. “Para empezar, el gobierno debería reformar el acuerdo para garantizar que los comandantes respondan por los delitos cometidos por sus subordinados, y debería además corregir las numerosas ambigüedades que permitirían que se apliquen sanciones nominales a criminales confesos”.
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