La violencia transfronteriza volvió a estremecer a Ecuador este jueves, cuando once militares fueron brutalmente asesinados en una emboscada perpetrada por el grupo terrorista Comandos de la Frontera, una disidencia de las FARC que opera en la frontera colombo-ecuatoriana. El ataque ocurrió durante una operación de control minero en el sector de Alto Punino, provincia de Orellana, al oriente del país, cerca del límite con Colombia.
La Fiscalía General del Estado confirmó que los uniformados pertenecían a la Brigada de Selva 19 Napo y fueron sorprendidos con explosivos, granadas y fusiles mientras realizaban una operación reservada. El Ejército ecuatoriano, en un comunicado oficial, indicó que el equipo fue emboscado por este “Grupo Ilegal Armado (GIA)”, y detalló que, además de los once fallecidos, un militar resultó herido y uno de los terroristas fue abatido.
Los soldados ecuatorianos asesinados fueron: el teniente José Luis Iza Sánchez, el teniente Jorge Alexander Andrade Bastidas, el sargento segundo Héctor Marcelo Mullo Bravo, el cabo primero Walter Wilián Andrango Toapanta, el cabo segundo Diego Orlando Lomas Ramírez, el cabo segundo Víctor Adrián Vera Minga, el cabo segundo Anthony Brayan González Canchig, el cabo segundo Danilo Javier Caiza Torres, el cabo segundo Jefferson Iván Alvarado Cerda, el cabo segundo Georvi David Vega Jiménez y el soldado Marlon Rodrigo Guamushig Reysancho.
Los heridos fueron trasladados de inmediato a hospitales en las provincias de Napo y Orellana, donde están recibiendo atención médica especializada. La Fiscalía ecuatoriana dirige las diligencias de levantamiento de cadáveres y la recolección de indicios para las investigaciones.
El crimen ha generado una ola de indignación en Ecuador y una fuerte condena contra el grupo armado ilegal. También ha reabierto el debate sobre la postura del Gobierno de Gustavo Petro en Colombia, acusado de mantener una actitud permisiva frente a estas organizaciones. A pesar del historial de violencia, extorsión, narcotráfico y control territorial de los Comandos de la Frontera, el grupo fue incluido en los diálogos de la llamada “paz total”, política promovida por el presidente colombiano.
Cabe recordar que los Comandos de la Frontera surgieron tras los Acuerdos de Paz de 2016 con la antigua guerrilla de las FARC. Aprovechando el vacío de poder dejado por la desmovilización, consolidaron su dominio en el departamento del Putumayo y en zonas limítrofes con Ecuador y Perú. Actualmente operan con retenes armados en el río Putumayo, donde detienen embarcaciones, controlan rutas de narcotráfico y ejercen coerción sobre la población civil.
En ese contexto, fue capturado el pasado 19 de febrero su máximo líder, Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, en el marco de una reunión con representantes del Gobierno nacional en medio de los diálogos con la Coordinadora Nacional Bolivariana. La detención se produjo mientras la estructura buscaba avanzar en negociaciones con el Ejecutivo. Rojas enfrenta una solicitud de extradición por parte de una corte federal en California, Estados Unidos, por delitos relacionados con el narcotráfico.
La solicitud de extradición ha sido remitida a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y actualmente está bajo estudio del magistrado José Joaquín Urbano, quien deberá presentar una ponencia ante la Sala Penal. Una vez esta se pronuncie, corresponderá al presidente Petro tomar la decisión final sobre si se concede o no la entrega del capo a la justicia estadounidense.
Mientras tanto, el Ejército colombiano anunció el envío de refuerzos a la zona limítrofe con Ecuador para evitar que los responsables del ataque crucen hacia territorio nacional. Sin embargo, para muchos analistas y sectores de oposición, estos esfuerzos son tardíos y no compensan la pasividad con la que se ha tratado a los grupos armados en los últimos años.
La masacre de los once militares ecuatorianos no solo evidencia la brutalidad de los Comandos de la Frontera, sino también los graves vacíos de una política de seguridad ambigua en Colombia, que ha priorizado los acercamientos políticos con actores armados por encima del control efectivo del territorio. Las consecuencias ahora las paga Ecuador con sangre.
El gobierno ecuatoriano expresó sus “más sentidas condolencias por la irreparable pérdida de los valientes militares que entregaron su vida en el cumplimiento de su deber, protegiendo a los ecuatorianos”, y advirtió que no descansará hasta que los responsables de este crimen sean llevados ante la justicia.
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| Terroristas de las FARC asesinan a once militares del Ejército del Ecuador en la frontera con Colombia |
