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La Corte Penal Internacional (CPI) emitió el viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania.

Moscú ha negado repetidamente las acusaciones de que sus fuerzas han cometido atrocidades durante el año de invasión de su vecino.

La CPI emitió la orden de arresto de Putin bajo sospecha de deportación ilegal de niños y transferencia ilegal de personas del territorio de Ucrania a la Federación Rusa.

El tribunal dijo en un comunicado que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa”.

También emitió una orden el viernes para el arresto de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por acusaciones similares.

La CPI dijo que su sala de instrucción encontró que había “motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de niños ucranianos”.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, declaró este mes tras una visita en ucrania que los presuntos secuestros de niños eran objeto de “una investigación prioritaria”.

El tribunal, creado en 2002 para juzgar los peores crímenes cometidos en el mundo, investiga desde hace más de un año posibles crímenes de guerra o contra la humanidad cometidos en Ucrania durante la ofensiva rusa.

Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la CPI, pero Kiev aceptó la competencia del tribunal sobre su territorio y trabaja con el fiscal.

Los expertos admitieron que era poco probable que Moscú entregue a los sospechosos al tribunal. Rusia rechaza las acusaciones de crímenes de guerra.

El jueves, una investigación respaldada por la ONU citó los ataques rusos contra civiles en Ucrania, incluida la tortura y el asesinato sistemáticos en las regiones ocupadas, entre los posibles problemas que equivalen a crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad.

La amplia investigación también encontró delitos cometidos contra ucranianos en territorio ruso, incluidos niños ucranianos deportados a quienes se les impidió reunirse con sus familias, un sistema de “filtración” destinado a señalar a Reino Unido.

En su primer informe redactado desde que Rusia inició su ofensiva contra Ucrania, el 24 de febrero de 2022, la Comisión de investigación de la ONU concluye que “las situaciones que examinó respecto al traslado y la deportación de niños, dentro de Ucrania y a la Federación de Rusia respectivamente, violan el derecho internacional humanitario y constituyen un crimen de guerra”.

Vladimir Putin, firmó un decreto en mayo de 2022 para facilitar la concesión de la ciudadanía rusa a algunos menores. Los investigadores también acusaron al gobierno ruso de haber cometido posibles “crímenes contra la humanidad”.

“La comisión constató que las oleadas de ataques realizados por las fuerzas armadas rusas desde el 10 de octubre de 2022 contra las infraestructuras energéticas ucranianas, y el recurso a la tortura por parte de las autoridades rusas podrían constituir crímenes contra la humanidad”, apuntó, recomendando que se abran investigaciones adicionales.

El grupo descubrió “un esquema de detención ilegal generalizado” en las zonas controladas por las fuerzas armadas rusas, contra varias personas, incluyendo mujeres y niños.

El mes pasado Lesia Zaburanna, diputada de Parlamento ucraniano, denunció que más de 16.000 niños ucranianos han sido deportados a Rusia desde que comenzó la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrebro de 2022.

La parlamentaria aseguró que en este periodo otros 350 niños han sido dados por desaparecidos y se ha logrado localizar a un total de 9.510 menores que estaban ilocalizables desde que se inició el conflicto.

Zaburanna dijo que la cifra de menores deportados representa el 20% de los niños de Ucrania y señaló que al menos la mitad fueron seprados de manera forzada de sus padres.

Asimismo, la parlamentaria denunció que los pequeños son forzados a recibir mensajes de propaganda política rusa durante horas, con la intención de idelogizarlos en favor del Kremlin. “Les cambian el nombre y les lavan el cerebro”, dijo Zaburanna.

“La propaganda es un gran problema para nosotros porque convencen a las personas de ir a Rusia pero después se les imposibilita volver porque les venden una realidad falsa y no les facilitan documentos”, dijo la diputada.

Zaburanna dijo que la mayoría de los niños que son llevados a Rusia los separan de sus padres, a quienes les prometen documentación, pero una vez estando en el territorio ruso, la realidad es otra.

“Al menos al 50% de los niños les dan la ciudadanía rusa y les cambian el nombre, lo cual nos dificulta poder identificalos después para devolverlos con sus padres, les aseguran que en Rusia van a estar mejor, les venden una realidad falsa y después son separados de sus padres por la fuerza”, dijo la parlamentaria.

La integrante del Parlamento aseguró que una vez que los niños son llevados a Rusia o a los territorios ocupados por el Kremlin, es muy difícil poder protegerlos porque no tienen acceso a esas zonas.

Además denunció que esta práctica, la cual calificó del “crimen humanitario”, ha sido realizada por Rusia desde 2014 cuando invadió el territorio de Crimea. Aseguró que desde entonces, más de 40.000 niños han sido deportados al territorio ruso y a las zonas militarmente ocupadas.
La Corte Penal Internacional emitió orden de arresto contra Vladimir Putin por crímenes de guerra en Ucrania