En cuestión de horas la Corte Internacional de Justicia (CIJ) leerá su decisión sobre uno de los dos litigios abiertos que existen entre Colombia y Nicaragua por temas de soberanía en la zona marítima anexa al Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Con esta decisión se cierra un nuevo capítulo en la larga disputa que mantienen las dos naciones latinoamericanas desde hace varios lustros y por la que en 2012 nuestro país perdió una importante área marítima.
El fallo que está a punto de conocerse será sobre el caso relativo a las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe, el cual fue iniciado por Nicaragua contra Colombia en 2013. Las decisiones de los jueces se conocerán este 21 de abril de 2022 en el Palacio de la Paz en La Haya, a las 10 de la mañana hora Países Bajos (3 de la mañana hora Colombia).
En este caso las pretensiones de Nicaragua no son sobre soberanía territorial ni sobre mar territorial; la Corte únicamente emitirá un fallo sobre si Nicaragua tiene razón o no al sostener que Colombia habría violado el derecho internacional con las operaciones de la Armada Nacional en el mar Caribe.
Es decir, que no se pide una nueva delimitación, sino que es un caso sobre responsabilidad internacional y derechos de los Estados. De igual forma, la corte también decidirá si es Nicaragua la que ha infringido el derecho internacional, en virtud de las dos contrademandas que interpuso Colombia.
La Corte Internacional de Justicia examinó las reclamaciones nicaragüenses según las cuales Colombia supuestamente habría violado el derecho internacional por no haber dado aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012 de la Corte Internacional de Justicia, con las operaciones de la Armada Nacional en el Mar Caribe; así como con la expedición del decreto que estableció la Zona Continua Integral en el Archipiélago.
En el marco de este proceso, Colombia contrademandó a Nicaragua, mediante dos reclamaciones según las cuales: Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del Archipiélago, en particular de la comunidad Raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.
Así mismo, según Colombia, Nicaragua ha expedido un decreto contrario al derecho internacional relacionado con los puntos y líneas de base a partir de los cuales mide sus espacios marítimos en el mar Caribe, buscando adjudicarse de forma unilateral áreas marinas en detrimento de Colombia.
Durante las audiencias orales que se desarrollaron en formato híbrido en La Haya (Países Bajos) entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021, la defensa de Colombia contó con la participación de los señores Agentes; la señora Vicepresidente y Canciller, Marta Lucía Ramírez; el señor Gobernador de San Andrés, Everth Hawkins Sjogreen; la comunidad Raizal del Archipiélago de San Andrés a través de Kent Francis James; los abogados internacionales especialistas en litigios ante la CIJ y que defienden a Colombia en estos asuntos; la Armada Nacional y la Cancillería.
En sus intervenciones durante las audiencias, el equipo jurídico de Colombia centró sus argumentos en: Defender los derechos de pesca tradicionales de la comunidad Raizal, evitar que Nicaragua limite los derechos de Colombia en el Mar Caribe, reiterar en múltiples ocasiones que este caso trata sobre los derechos y libertades de los ambas partes en el área, no sobre el cumplimiento o ejecución del fallo de 2012 por lo cual Nicaragua tiene la carga de probar cada violación alegada; defender la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; defender los más altos intereses de Colombia en el Mar Caribe; eesaltar la importancia de la protección del medio ambiente marino y asegurar la continuidad de la interdicción del tráfico ilícito de estupefacientes en el Mar Caribe.
Historia del Caso
El caso tiene como origen una decisión de la misma CIJ de noviembre de 2012, cuando estableció unos límites marítimos entre ambos países que se consideraron más favorables para Managua que para Bogotá.
Aquel fallo confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.
Sin embargo, Colombia declaró en septiembre de 2013 una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”, dijo en una alocución el entonces presidente Juan Manuel Santos.
Dos meses después, Managua regresó a La Haya y reclamó que le exigiera a Colombia la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.
Bogotá respondió que Managua no ha probado que buques colombianos hayan violado el espacio marítimo nicaragüense y que la Zona Contigua Integral “es legal según el Derecho internacional”. Por otro lado, Colombia introdujo en la fase de alegatos escritos cuatro contrademandas, de las cuales dos fueron admitidas por la CIJ.
En la primera se aseguró que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular, de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.
La segunda denunció que en un decreto de agosto de 2013 Nicaragua “extendió sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional”, lo que habría supuesto una “violación de la jurisdicción de Colombia”.
Esta disputa legal se desarrolla en paralelo a otra iniciada por Nicaragua que aún está en la fase de alegatos escritos. En ese segundo caso, Managua le pidió a la CIJ que esclarezca los derechos y deberes de ambos países respecto a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa del mar Caribe.
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| En cuestión de horas se conocerá un nuevo fallo de la Corte de la Haya en el litigio entre Colombia y Nicaragua por el mar de San Andrés. |
