Siete relatores especiales de las Naciones Unidas, por medio de una carta, le pidieron al presidente Iván Duque y al Congreso de la República, rechazar el retorno de las aspersiones con glifosato, asegurando que tal decisión "supondría un enorme riesgo para los derechos humanos, la salud y el medio ambiente".
Estos relatores consideran que la reanudación atentaría contra el Acuerdo de Paz y con lo establecido "por la Corte Constitucional, respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos", es decir la erradicación manual antes que cualquier otro método.
La carta firmada por los relatores de Sustancias Tóxicas, de Afrodescendientes, el de Medioambiente, Derecho a la Alimentación, la de Derecho a la Salud, la de Situación de Personas Defensoras de Derechos Humanos y el de los Derechos de Pueblos Indígenas, fue enviada al gobierno en diciembre de 2020 pero solo se hizo pública hasta esta semana.
La misiva asegura que "La propuesta ha sido presentada en un contexto de agudización de la violencia y baja implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en lo que respecta al punto 1 y 4 del Acuerdo; pandemia, grave déficit de participación ciudadana en temas ambientales, sistemático desconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afrocolombianos , escasas garantías de evidencia científica disponible y tomada de manera independiente y rigurosa, falta de acceso a la información".
De igual forma, señalan los relatores, preocupa que la decisión de volver a las fumigaciones se esté llevando a cabo “en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medioambiente en el país”.
Así mismo, advierten que las fumigaciones es "una actividad de grave peligrosidad para el medioambiente y la salud humana se concentran en seis zonas del país, que cubren más de 170.000 hectáreas, y son principalmente territorios rurales habitados por pueblos indígenas y afrocolombianos y comunidades campesinas, con grandes limitaciones de conectividad".
"A la luz de las consideraciones expresadas anteriormente, invitamos al Gobierno y al Congreso Nacional de Su Excelencia a rechazar la intención de reactivar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato (Pecig)", concluyen en su comunicación.
La carta, que ahora está en manos del Gobierno Nacional, se envió como respuesta a una solicitud que hizo la ONG Dejusticia y otras 16 organizaciones y centros académicos, en noviembre de 2020.
No obstante, el Gobierno nacional ha advertido que “están dadas las condiciones” para el regreso del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato.
A mediados de febrero pasado, el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte dijo que “ya están preparados todos los equipos para cumplir con los requisitos exigidos por la Corte Constitucional” para reiniciar las labores de aspersión aérea del glifosato.
“Vamos a combinar todos los esfuerzos: primero, en erradicación manual; segundo, con desarrollo alternativo, pero también cumpliendo con los requisitos que establece la Corte Constitucional iniciaremos la aspersión en las zonas donde corresponde”, dijo el funcionario hace tres semanas.
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