El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que el gobierno nacional solicitará a la Corte Constitucional una revisión del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena la regulación y control del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
El ministro afirmó que la Fuerza Pública, en particular el ESMAD, no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos.
"Esos comportamientos individuales de algunos de sus integrantes, por inobservancia de la Constitución, la Ley, los reglamentos y protocolos, actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias por las autoridades competentes, quienes serán las llamadas a establecer, o no, la responsabilidad individual", dijo el ministro.
Holmes insistió en que la manifestación o protesta pública y pacífica está garantizada por la Constitución Política y se cumple dentro de la política de convivencia y Seguridad ciudadana, haciendo énfasis en que la Fuerza Pública vela por garantizar la vida, los derechos y libertades, la integridad personal, bienes y honra de todos los residentes en Colombia.
Holmes aseguró que la Fuerza Pública cuenta con protocolos ajustados a los estándares internacionales sobre los Derechos Humanos, para proteger la vida, derechos y libertades, la integridad, bienes y honra de los residentes en Colombia. Estos incluyen los derechos de las personas que participan en las manifestaciones públicas y pacíficas, así como los de quienes no lo hacen.
El Ministro de Defensa destacó que la actuación del ESMAD se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas, al tiempo que destacó que el Gobierno Nacional seguirá enfrentando al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional.
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