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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra los integrantes de la Armada de Colombia que estuvieron involucrados en la pérdida de tres lanchas artilladas (del tipo Guardian y BAF) que terminaron en territorio venezolano luego que se soltaran sus amarras y fueran arrastradas por la corriente del Río Orinoco.

El ente de control advirtió de posibles conductas irregulares de militares respecto a su deber de proteger el patrimonio público y de la presunta responsabilidad de oficiales, por lo que ordenó la práctica de pruebas al respecto.

El viceprocurador Juan Carlos Cortés fue el funcionario encargado para llevar a cabo esta investigación donde se buscan “Posibles conductas irregulares de servidores públicos respecto de su deber de proteger el patrimonio público, por la falta de control sobre el material de guerra e intendencia”.

También advierte la decisión sobre la presunta responsabilidad de los oficiales que tenían al mando el cuidado “Probablemente desconocieron los procedimientos tácticos fluviales, lo que generó la pérdida de control sobre los tres botes que llegaron a territorio venezolano y el pronunciamiento de las autoridades del vecino país”.

Previamente el procurador delegado para la Fuerza Pública, Hernán Rincón, le envió una carta al comandante de la Fuerza Naval del Oriente, Contraalmirante César Pineda para que le presentara explicaciones sobre el suceso y documentos como: Los informes que le entregó el comandante de la unidad militar que estaba a cargo de las lanchas, las declaraciones que recogieron de los miembros de la Armada que debían vigilar las lanchas con munición y demás dotación; las minutas de guardia diligenciadas en la fecha de su desaparición por los centinelas asignados al puerto o lugar donde estaban amarradas las embarcaciones y las decisiones que están tomando en relaciones a los hechos.



Cabe recordar que el pasado 12 de mayo, el comandante de la Armada de Colombia, Evelio Ramírez, anunció el retiro del servicio activo de un coronel, un capitán, tres suboficiales y nueve infantes por la perdida de las embarcaciones de combate.

Durante una rueda de prensa, Ramírez explicó que durante las investigaciones internas "se encontraron fallas en la responsabilidad de mando, planeamiento, control y supervisión" por parte de un coronel de infantería de Marina, comandante del Batallón de Infantería número 51 y un capitán de Infantería que se desempeñaba como jefe de operaciones, así como los suboficiales e infantes que tripulaban las lanchas al momento del incidente.

La Institución Naval informó que como resultado de las actuaciones adelantadas en forma paralela a las investigaciones disciplinaria y penal, se logró evidenciar el incumplimiento de los procedimientos tácticos fluviales por parte de la tripulación del Elemento de Combate Fluvial No.51-2, lo que condujo que al momento de presentarse la emergencia, no estuvieran en capacidad de actuar de manera oportuna. 

Por lo anterior, el Mando Naval adoptó las decisiones administrativas de retiro de los tres Suboficiales y los nueve Infantes de Marina Profesionales, responsables directos de la integridad de las Unidades en el momento de los hechos.
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