El pasado 28 de febrero de 2026, tropas del Batallón de Selva N.º 48 de la Décima Novena Brigada del Ejército Nacional, que se encontraban adelantando operaciones ofensivas en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, fueron víctimas de un atentado con un dron cargado con explosivos cuando se disponían a desembarcar de un helicóptero UH-60 Black Hawk de la División de Aviación Asalto Aéreo (DAVAA) en la base de San Lucas, en la zona rural del municipio de Montecristo. El ataque fue atribuido al grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y causó afectaciones físicas a 14 uniformados, de los cuales varios resultaron heridos de gravedad.
El comunicado oficial del Ejército Nacional calificó el acto como un ataque terrorista mediante el uso de un artefacto no convencional y señaló que se considera una violación al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos por el empleo de explosivos desde aeronaves no tripuladas.
Este incidente ocurre en medio de una aparente escalada de ataques con drones en Colombia. Según reportes de las autoridades, los ataques con drones con explosivos aumentaron de manera significativa en 2025, con múltiples episodios registrados en diferentes regiones como Cauca, Nariño y Antioquia.
Uno de los incidentes más graves relacionados con ataques terroristas empleando esta modalidad ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando un helicóptero UH-60 Black Hawk de la Policía Nacional fue derribado en Antioquia durante una operación antinarcóticos de erradicación manual de cultivos ilícitos, tras ser impactado por un artefacto explosivo que, según las versiones oficiales y publicaciones especializadas, podría haber sido lanzado desde un dron o activado en el momento del aterrizaje.
Ese episodio evidenció que los sistemas no tripulados con explosivos representan una amenaza directa contra aeronaves en operación, especialmente durante fases de baja velocidad como lo son la aproximación, despegue o aterrizaje, momentos en que la maniobrabilidad de las plataformas aéreas está limitada y las tropas están más expuestas.
Datos recopilados por medios especializados y reportes de seguridad muestran que los ataques con drones en Colombia aumentaron un 51 % en 2025, con alrededor de 180 incidentes registrados atribuidos principalmente a estructuras terroristas de las FARC y al ELN. Este incremento se observa tanto en zonas rurales, donde se enfrentan las tropas en operaciones ofensivas, como en contra de infraestructura y unidades de la Fuerza Pública.
Los drones utilizados en estos ataques suelen ser plataformas civiles modificadas (como multirrotores o hexacópteros) equipadas con explosivos improvisados. Estos dispositivos tienen características que complican su detección temprana como su baja firma visual, sonora y radárica, así como la posibilidad de transportar cargas letales con bajo costo de adquisición. Estas condiciones permiten a los grupos armados atacar desde posiciones ocultas y con poco tiempo de advertencia para las unidades en tierra o en aire.
En la actualidad, las Fuerzas Militares de Colombia poseen una capacidad extremadamente limitada para contrarrestar esta amenaza tanto en posiciones fijas como en unidades móviles desplegadas en operaciones ofensivas y de control territorial. Actualmente, los equipos antidrones disponibles son puntuales y se concentran en sectores estratégicos específicos o unidades seleccionadas, sin una cobertura uniforme a lo largo del territorio donde operan las fuerzas de tierra o donde se llevan a cabo operaciones aéreas tácticas.
Estudios recientes han confirmado que aunque el Ministerio de Defensa ha contratado equipos fijos y semimóviles para proteger infraestructura crítica y algunas unidades estratégicas, la amenaza de drones continúa evolucionando rápidamente y las capacidades actuales no alcanzan a cubrir todo el país, no contemplan todos los escenarios de amenaza y se están quedando cortas en afrontar nuevas tecnologías que están ingresando al país como la amenaza de los drones tipo FPV (First Person View).
Aunque el Gobierno ha anunciado iniciativas de mayor escala como el ampliamente publicitado "Escudo Nacional Antidrones" con promesas de inversiones multimillonarias para sistemas integrados de defensa aérea, estos mecanismos demandan altos costos y largos plazos de implementación, y es probable que no logren una cobertura efectiva de la totalidad del espacio aéreo nacional en el corto o mediano plazo.
Por ello, especialistas en defensa señalan la necesidad de incorporar sistemas de bajo costo y amplia distribución, siguiendo doctrinas operacionales ya aplicadas en escenarios de alta intensidad. Entre estos se destacan los detectores pasivos de radiofrecuencia, capaces de identificar emisiones de control y telemetría de drones; los sensores electroópticos portátiles para confirmación visual; y otras tecnologías de alerta temprana que han demostrado eficacia en el teatro de operaciones del conflicto entre Ucrania y Rusia. En ese escenario, estos sistemas permiten detectar aproximaciones hostiles con anticipación suficiente para activar protocolos de dispersión, maniobra evasiva o suspensión de operaciones aéreas antes de que el dron alcance una distancia letal respecto a tropas en tierra o aeronaves en fase de aterrizaje o despegue.
Frente a esta amenaza persistente, existen soluciones técnicas que pueden ser implementadas con rapidez y a costos relativamente bajos, mejorando la capacidad de detectar y responder ante drones hostiles antes de que alcancen sus objetivos. Por ejemplo, los detectores de radiofrecuencia monitorizan la energía en bandas utilizadas por controladores de drones comerciales o módulos de telemetría. Pueden dar alertas tempranas cuando un dron ingresa a un perímetro determinado, incluso si el dron no es visible. Experiencias en escenarios como el conflicto en Ucrania han demostrado su efectividad para advertir aproximaciones hostiles con segundos de anticipación, lo suficiente para que unidades en tierra tomen resguardo o para que plataformas aéreas ajusten su trayectoria o cancelen maniobras.
Este reciente ataque y los antecedentes del uso de drones con explosivos contra unidades de la Fuerza Pública confirman que esta modalidad de ataque terrorista se ha consolidado como una amenaza persistente y en expansión en Colombia, donde su impacto táctico ha evidenciado limitaciones en los esquemas tradicionales de protección y defensa de las Fuerzas Armadas. En este escenario, la adopción inmediata de sistemas específicos de detección y alerta contra drones junto con protocolos actualizados de reacción, se convierten una necesidad operativa prioritaria.
Las Fuerzas Armadas de Colombia necesitan soluciones técnicamente viables, de integración relativamente rápida y que no dependen de infraestructuras complejas, para permitir ampliar la cobertura de protección en bases fijas y en despliegues móviles en el corto plazo.
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| Terroristas del ELN atacaron un helicóptero UH-60L Black Hawk del Ejército de Colombia con drones cargados de explosivos |
