El gobierno de México a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) inició el proceso formal para la enajenación del avión presidencial (TP-01) “José María Morelos y Pavón”. La venta del avión Boeing 787-8 Dreamliner -en el que viajó el ex-presidente Enrique Peña Nieto- es una promesa de campaña del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador que se cumplirá a partir del 15 de abril cuando concluya la inscripción a la subasta.

El avión presidencial fue puesto a la venta por López Obrador, al considerarlo un “lujo excesivo” en una Administración que tiene como eje rector políticas de austeridad. Entre otros servicios, el avión contaba con un baño completo, una recámara y un despacho para el presidente.

López Obrador informó sobre el anunció de venta en el portal de la ONU y añadió que también se van a vender 70 aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, con los cuales piensa obtener alrededor de $516 millones de dólares.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. (Banobras) informó la publicación de la investigación de mercado que marca el inicio formal del proceso de venta del avión presidencial TP-01 “José Ma. Morelos y Pavón”.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) hizo pública la solicitud de expresión de interés para potenciales compradores, acompañada de información y especificaciones técnicas de la aeronave

• La solicitud puede ser consultada en el portal https://www.ungm.org/Public/Notice/85981
• El registro de interesados estará abierto del 27 de marzo al 22 de abril de 2019.
• La fecha límite para solicitar aclaraciones es el 12 de abril de 2019.

A través de un acuerdo específico, Banobras colabora con la UNOPS para asegurar la transparencia en el proceso y garantizar las mejores condiciones para el Estado Mexicano en el proceso de enajenación de la aeronave.

El Estado Mexicano adquirió la aeronave en noviembre de 2012, mediante un contrato de arrendamiento financiero suscrito por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como arrendataria, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en su carácter de adquirente, y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), como usuario final.


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