Aunque a finales del año pasado el Gobierno de Gustavo Petro informó su decisión de cambiar la flota de aviones Kfir que usa la Fuerza Aérea Colombiana e incluso anunció la preselección de los caza franceses Dassault Rafale, este lunes hubo un giro de 180 grados cuando el ministro de defensa Iván Velásquez dijo que el documento CONPES dispuesto para ello se venció y que por ahora no habrá compra de nuevos aviones.
Ante esto, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de Twitter un trino con el que busca aclarar qué pasó: “Para claridad de la opinión pública el CONPES del que habla el ministro de defensa para la compra de aviones por casi 650 millones de dólares fue firmado por el anterior gobierno. Ha perdido su fuerza legal este 31 de diciembre”.
El documento del que habla el presidente es el CONPES 4078 de 2022, que según el Ministro de Defensa destinaba 678 millones de dólares para esta compra, el cual se venció el 31 de diciembre sin que se hubiera cerrado ningún contrato con ninguna de las empresas oferentes de los aviones. Ese CONPES lo había dejado listo el anterior gobierno de Iván Duque.
“En las prenegociaciones no se logró ningún acuerdo definitivo, eso implicó que se venciera el CONPES 4078 sin que se consolidara ninguna negociación, lo que da lugar a una discusión en el Consejo de Ministros para definir si se continúa la aprobación de un nuevo Conpes con ese propósito” indicó el Ministro Velásquez.
En rueda de prensa, el funcionario explicó que se debe definir en las próximas semanas qué pasará con este proyecto: “Aquí hay un tema que parece discutible en cuanto a la vigencia del CONPES, si con este mismo 4078 de abril del 2022 es posible continuar en un año diferente, o si fuera necesario otro CONPES. Ese es un asunto que inicialmente tenemos que definir”.
Además, aclaró que “se hizo una selección de las propuestas, que en esa preselección fue seleccionado, en primer lugar, la de los aviones Rafale; también estaban los aviones Gripen; hubo una pre-negociación porque había que afinar condiciones que ellos planteaban en las propuestas. Hubo, efectivamente, las reuniones con las dos empresas, y no se logró concretar”.
Además del escaso tiempo para concretar la compra, otro de los problemas era que el CONPES solo autorizaba recursos para la compra de una parte de la flota y no el total, por lo que el gobierno debía asegurar la disponibilidad de fondos para comprar el remanente de aviones y alcanzar los 16 deseados.
"Una situación inicial que se planteó era que se podría hacer el contrato por la cantidad que estaba aprobada en el CONPES, es decir por los 678 millones de dólares. Esto equivaldría más o menos a tres Rafale o a unos cinco Gripen. Algunos de estos oferentes no les interesaba que [el acuerdo] fuera solo por tres o cinco aviones, sino que debía ser por los dieciséis, que es lo que está proyectado para adquirirse en el Sistema de Defensa SIDEN, que es un un proyecto de inversión a largo plazo" indicó el ministro.
Usualmente en este tipo de compras de aviones de superioridad aérea los países ordenan lotes considerables de aeronaves, de por lo menos seis unidades en adelante, por lo que el requisito del gobierno de Colombia de adquirir tres a cinco aeronaves, resultó muy pírrico y no fue bien recibido por uno de los fabricantes que estaba interesado en el proceso.
Adicional a los tiempos apresurados y la cantidad de aeronaves, otro de los factores que influyó el el fracaso de la compra fueron temas técnicos que el gobierno consideró "insalvables", específicamente aquellos de índole confidencial que contemplan como van a llegar equipados y armados los aviones de combate.
"Hubo otra dificultad en la revisión de aspectos técnicos y la manera como se entregarían los aviones, si totalmente equipados o parcialmente equipados, en eso hubo una discusión insalvable que finalmente llevó a que se frustrara la pre-negociación" destacó Iván Velásquez.
Finalmente debido las condiciones tan estrictas de los números de aviones a pedir y las nuevas condiciones del contrato, se pidió a los oferentes nuevas ofertas que cumplieran con los nuevos requisitos del gobierno, pero ante la premura del plazo para firmar esto resultó imposible de cumplir.
“Se planteó que el contrato que se hiciera con el CONPES se limitaría a la cantidad de aviones que se pudieran adquirir por los 678 millones de dólares, no la flotilla de 16 que aparece definida en el proyecto de inversión que había aprobado el Ministerio de Defensa hace más de 6 años. Esto para algunos de los oferentes variaba sustancialmente los términos de negociación y dijeron que no podrían presentar una nueva oferta antes el 31 de diciembre”, contó el ministro.
Luego de este fallido intento de adquirir una nueva flota de aviones de combate, el gobierno de Colombia deberá decidir si sigue adelante con la adquisición de cazabombarderos de última generación, para lo cual, según han reportado desde el Ministerio de defensa, deberán redactar un nuevo documento CONPES, esta vez por un valor superior a los 15 billones de pesos.
El Ministro aseguró que el gobierno nacional deberá "buscar los recursos de nuevo, pero de todas maneras estos son compromisos de vigencias futuras, como estaba previsto en el CONPES 4078". Velásquez recordó además que los otros oferentes que participaron en el proceso pueden volver a presentar propuestas al gobierno de Colombia, debido a que "otra vez todo está sobre la mesa".
Cabe recordar que el proceso de compra de las nuevas aeronaves se ha visto marcado por la polémica debido a que cuando Petro era senador criticó fuertemente a Iván Duque por querer renovar la flota de aviones de la Fuerza Aérea en el contexto de escasez que se vivía en el país como consecuencia de la pandemia.
Casi dos años después, y ya como presidente de la República, Petro reconoció la necesidad de reemplazar la flota de aviones. “La Fuerza Aérea Colombiana contará con una fuerza de superioridad aérea que reemplazará nuestros viejos aparatos Kfir (...) porque, en realidad, ya era un peligro subirse sobre esos aparatos”, dijo el jefe de Estado el pasado 17 de diciembre en la ceremonia de ascenso de generales de la república.
“Hemos tomado decisiones administrativas finales sobre las cuales la defensa terrestre de Colombia se asegurará en sus fronteras, es una inversión indudablemente billonaria si se mide en pesos colombianos, es una inversión estratégica si se mide desde los fines constitucionales”, explicó. A renglón seguido, dijo que la compra de esos aparatos “no afectará a las finanzas públicas en el presente” porque “se han logrado unas negociaciones” con amplios períodos de gracia.
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