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El presidente de Colomia, Iván Duque, señaló que el equipo jurídico del Gobierno tiene la instrucción de asistir el próximo lunes 20 de septiembre a la Corte Internacional de la Haya para "defender los intereses del país, del pueblo raizal y la Constitución tras la demanda de Nicaragua, por las supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe".

El mandatario afirmó que el equipo del Gobierno colombiano, compuesto por Manuel José Cepeda y Carlos Gustavo Arrieta, tienen el suficiente conocimiento para defender la soberanía del país. 

Es muy importante decir lo siguiente: "Colombia llega a La Haya a defender sus intereses. Colombia llega a La Haya a expresar lo que con claridad dice en nuestra Constitución en el artículo 101 y es que los límites de Colombia solamente pueden ser modificados a través de un tratado de límites", dijo el mandatario.

El presidente de la República agregó que “estamos yendo a proteger la integridad, el talante y la característica histórica de nuestro archipiélago. También estamos allá para defender los derechos del pueblo raizal, de la comunidad de pescadores y de todo el pueblo colombiano”.

Además, explicó que el equipo jurídico estará haciendo las presentaciones necesarias en esas audiencias orales porque “Colombia va a defender los intereses, a defender lo que le pertenece y también a dejar absolutamente claro que la única manera de modificar nuestros límites, conforme a nuestra Constitución, es a través de un tratado”.

Cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) convocó a Nicaragua y Colombia para el próximo 20 de septiembre a unas comparecencias orales sobre el largo litigio que mantienen ambos países respecto a sus fronteras marítimas.

El caso tiene como origen una decisión de la misma CIJ de noviembre de 2012, cuando estableció unos límites marítimos entre ambos países que se consideraron más favorables para Managua que para Bogotá.

Aquel fallo confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero le dio a Nicaragua una porción de mar mayor de la que tenía anteriormente.

Sin embargo, Colombia declaró en septiembre de 2013 una Zona Contigua Integral para ejercer su jurisdicción en las aguas aledañas a las islas y cayos “como archipiélago y no como territorios inconexos”, dijo en una alocución el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Dos meses después, Managua regresó a La Haya y reclamó a la corte para que le exigiera a Colombia la derogación de leyes “incompatibles con la sentencia” de noviembre de 2012, así como la revocación de permisos otorgados a los buques pesqueros colombianos que faenan en las aguas en disputa.

Bogotá respondió que Managua no ha mostrado prueas sobre buques colombianos hayan violado el espacio marítimo nicaragüense y que la Zona Contigua Integral “es legal según el Derecho internacional”.

Por otro lado, Colombia introdujo en la fase de alegatos escritos cuatro contrademandas, dos de las cuales fueron admitidas por la CIJ.

En la primera se aseguró que Nicaragua ha violado los derechos de pesca artesanal de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular, de la comunidad raizal, para acceder y explotar sus bancos de pesca tradicionales.

La segunda denunció que en un decreto de agosto de 2013 Nicaragua “extendió sus aguas internas y zonas marítimas más allá de lo que permite el derecho internacional”, lo que habría supuesto una “violación de la jurisdicción de Colombia”.

Los jueces de la CIJ escucharán tanto la denuncia inicial de Nicaragua como las contrademandas de Colombia. Las audiencias se alargarán presumiblemente varios días, tras lo cual los magistrados se retirarán a deliberar un fallo que será final, pues las decisiones de la CIJ son inapelables.

Debido a la pandemia de covid-19, el alto tribunal de la ONU dijo en un comunicado que celebrará las audiencias en un “formato híbrido”, es decir, algunos miembros de los equipos legales podrán asistir al Palacio de la Paz de La Haya, mientras que otros deberán intervenir por videoconferencia.

Esta disputa legal se desarrolla en paralelo a otra iniciada por Nicaragua que aún está en la fase de alegatos escritos. En ese segundo caso, Managua (que aspira a tener mas territorio marítimo) le pidió a la CIJ que esclarezca los derechos y deberes de ambos países respecto a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa del mar Caribe.
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