Debido a los hechos de violencia que se han presentado durante algunas de las manifestaciones ciudadanas que se desarrollan en medio del paro nacional, en los próximos días se presentará al Congreso una ley estatutaria que busca regular la protesta social en el país,
La ley plantea varias medidas que van en el sentido de garantizar los derechos a la manifestación, pero también impone obligaciones tanto para el Estado como para los promotores de esta.
Según lo estipulado en el borrador de este proyecto de ley: “No se permitirá la presencia de encapuchados o de personas que empleen cualquier mecanismo que impida su identificación en el desarrollo de la manifestación o en los comunicados que sirvan como medio de invitación a participar en marchas”. También se estipula que quienes incumplan con estos nuevos parámetros se pueden enfrentar a multas pedagógicas y sanciones económicas que van hasta los 100 salarios mínimos.
Según lo afirma, el proyecto de ley le brinda potestad al ESMAD para: "controlar de manera proporcional los actos de violencia o de vandalismo que puedan presentarse en el ejercicio de la manifestación Social y Pacífica en las zonas urbanas, el ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército Nacional deberán emplear equipamiento y armamento tales como pistolas eléctricas tipo Taser y las demás que permitan el control de los actos violentos sin afectar la integridad física de ningún interviniente. No podrán utilizar armas de fuego", esto para los desmanes que puedan presentarse en las manifestaciones.
Habrá lugares prohibidos a la hora de adelantar una manifestación. “solo se podrá marchar o reunirse pacíficamente a una distancia de 500 metros de hospitales, centros de salud, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes considerados como patrimonio cultural”.
El proyecto de ley también limitaría el uso de los grafitis en espacios públicos, pues plantea que: “Están prohibidos los grafitis o cualquier mecanismo para marcar, sobreponer, escribir, destruir, obstruir los bienes de carácter público y privado en ejercicio de la manifestación social en lugares no autorizados por el reglamento para el efecto”.
Asímismo, se planeta la creación de un un fondo, financiado con recursos públicos, para "indemnizar a los afectados por los daños personales físicos, no mentales, y patrimoniales causados al patrimonio público y privado durante el desarrollo de la manifestación social en el territorio nacional".
La propuesta será presentada por el senador conservador Juan Diego Gómez y contiene los elementos suficientes para garantizar el derecho a movilizarse pacíficamente.
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