El Ejército de Chile comenzó a desplegarse en la madrugada de este sábado para recuperar el control del orden público que se rompió en algunos sectores de Santiago, tras los disturbios de este viernes a causa de las protestas contra el alza del pasaje de metro.

Así lo confirmó el general de división Javier Iturriaga del Campo, designado como jefe de la Defensa Nacional por el presidente chileno, Sebastián Piñera, después de que el mandatario decretase el estado de emergencia en la provincia de Santiago -que alberga la mayor parte de las comunas de la Región Metropolitana (RM)-, en la provincia Chacabuco y en las comuna de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a la RM.

“Las fuerzas policiales siguen ejerciendo sus tareas de patrullaje y control de los servicios de vía pública y control de aquellos sectores que fueron afectados. Las fuerzas militares van a salir ya en este momento a patrullar la ciudad en aquellos sectores más conflictivos”, dijo Iturriaga del Campo en rueda de prensa.

Piñera por su parte aseguró que el objetivo de la medida “es muy simple, pero también muy profundo: asegurar el orden público, asegurar la tranquilidad de los habitantes de la ciudad de Santiago, proteger los bienes públicos y privados y garantizar los derechos que se han visto seriamente conculcados por la acción de delincuentes que no respetan a nada ni a nadie”.
Además de reiterar que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad Interior del Estado, el jefe de Estado agradeció a Carabineros y a Bomberos por su “entrega y compromiso para defender nuestra ciudad y Estado de Derecho”.

Asimismo, señaló que el alza en el pasaje del transporte público, que detonó las manifestaciones, “obedece al mandato de la ley” y “fue determinada por un panel de expertos”.

“Comprendo y solidarizo con mis compatriotas. Por esa razón, nuestro Gobierno convocará a un diálogo transversal y hará los esfuerzos para atenuar la situación”, agregó.

El estado de emergencia constitucional se declara en caso de existir daño o peligro para la seguridad de la Nación, ya sea por razones de carácter interno o externo. Su declaración sólo le corresponde al Presidente y puede tener una duración máxima 15 días, prorrogable por quince más. Para nuevas prórrogas, el Ejecutivo requiere el acuerdo del Congreso. Las restricciones que implica este estado de excepción constitucional son la de locomoción y reunión.

Hasta ahora se ha confirmado la suspensión de todos los actos masivos que estaban programados para este fin de semana en la región Metropolitana, a la espera de la decisión final de las restricciones dictadas en el marco del estado de excepción constitucional.

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