La Corte Constitucional tumbó el decreto ley 298 de 2017 que permitía la ampliación de la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la implementación inmediata de medidas de seguridad y protección del Acuerdo de Paz con las Farc.

El proyecto buscaba crear 1.287 nuevos puestos de trabajo para los guerrilleros de las Farc como escoltas de la Unidad Nacional de Protección luego de su desmovilización y desarme, los cuales gozarían de un sueldo mensual de mensual de $1’825.843 de pesos más “los derechos salariales y prestacionales contemplados por la legislación”.

El objetivo de ese decreto, emitido el 23 de febrero pasado, era ampliar la planta de la UNP para que los nuevos escoltas se encargaran de cumplir con uno de los puntos del Acuerdo Final con las Farc, que consistía en conformar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política. 

Los magistrados del alto tribunal consideraron que en la expedición de este decreto no se debieron utilizar las facultades excepcionales que el Acto Legislativo para la Paz le dio al presidente Juan Manuel Santos, sino que se debió tramitar mediante una ley orgánica, especialmente porque trataba temas que impactarían el presupuesto nacional.

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