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La Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes sigue siendo una práctica utilizada por los grupos ilegales, que nunca se detuvo a pesar del acuerdo alcanzado con la guerrilla de las Farc.

Ese grupo guerrillero se consolidó como el mayor reclutador de menores de edad. Desde 1999 hasta 2020 el ICBF registró el ingreso de 3.878 niños, niñas o adolescentes que fueron reclutados por las FARC, es decir el 56% de los 6.931 menores de edad que han sido víctimas de este crimen.

“Por eso resulta tan urgente que los antiguos líderes de esa organización digan la verdad, en torno a un crimen que destruyó los sueños de niños, niñas y adolescentes, para que se haga justicia y para reparar a las víctimas”, aseguró la Consejera Nancy Patricia Gutiérrez, quien además ejerce la secretaría técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (Ciprunna).

La Alta Funcionaria destacó que el reclutamiento forzado se ha convertido en una práctica a la que acuden todas las organizaciones criminales ligadas a las actividades de narcotráfico, quienes además instrumentalizan a los niños, niñas y adolescentes para actividades de microtráfico, como informantes o cobradores de extorsiones, aprovechándose de su inimputabilidad.

Según las cifras del ICBF, en los últimos tres años, a su programa especializado para la atención de menores de edad desvinculados ingresaron 520 niños, niñas y adolescentes (196 en 2018, 180 en 2019 y 144 en 2020), de los cuales 317 advirtieron haber sido reclutados en ese mismo periodo (149 en 2018, 97 en 2019 y 71 en 2020).

“A pesar de la tendencia decreciente en el número de casos, como Estado seguimos trabajando de manera articulada las 22 entidades de la Ciprunna, para combatir a las organizaciones criminales, para proteger a los menores de edad, para garantizar entornos de protección y, sobre todo, para acabar con este crimen”, agregó Nancy Patricia Gutiérrez.

Según la información que le reportan al ICBF los menores de edad que ingresan al programa de desvinculados, los principales reclutadores son: el ELN con el 38% (196 casos) y los Grupos Armados Organizados residuales (GAOr, o disidencias de las Farc) con el 34% (177 casos), a los que habría que sumar los menores de edad desvinculados, que habían sido reclutados por las Farc antes de 2018. El 20% de los casos es atribuido a grupos delincuenciales organizados (GDO).

“El Presidente Iván Duque ha manifestado un compromiso total para combatir el reclutamiento y a través de la estrategia #SúmatePorMí estamos llegando a 209 territorios priorizados con mayor riesgo de sufrir este delito. En esta tarea resulta fundamental entender que es responsabilidad de todos, de las familias, las comunidades, las escuelas y particularmente de los gobiernos territoriales”, recordó la Consejera.

Por regiones, Antioquia registra el mayor número de menores de edad víctimas de reclutamiento en los últimos tres años (70 casos), seguido de Cauca (41 casos), Chocó (33 casos), Norte de Santander (24 casos), Caquetá (16 casos), Putumayo (13 casos), Córdoba (10 casos), Meta (6 casos), Amazonas (3 casos) y Huila, Risaralda y Tolima con 2 casos cada uno. Tumaco (Nariño) lidera la lista de municipios con el mayor número de reclutados (18 casos); seguido por Cáceres y Taraza en Antioquia, con 17 y 10 casos respectivamente; Puerto Leguízamo (Putumayo) con 8 casos, Ituango (Antioquia) y Olaya Herrera (Nariño) con 6 casos cada uno.

Finalmente, Nancy Patricia Gutiérrez informó que en la noche de hoy jueves se realizará un acto simbólico de iluminación de la torre Colpatria en rechazo al crimen del reclutamiento y que mañana viernes 12 de febrero, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas, se llevará a cabo una sesión de alto nivel de la Ciprunna, Presidida por el Presidente Iván Duque y la Primera Dama, María Juliana Ruiz, donde se analizarán los avances en la lucha contra este delito en los últimos tres años y la ruta de trabajo para erradicarlo en los próximos años.​
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