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Aclarar asesinatos de líderes sociales en Colombia es una de las "máximas prioridades" para el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Así se lo hizo saber el gobierno del país norteamericano al presidente, Iván Duque, según informó en días pasados el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Las declaraciones del gobierno de Joe Biden se producen luego que la administración estadounidense revisara el informe publicado el pasado miércoles por Human Rights Watch (HRW), en el que considera insuficiente los esfuerzos del Gobierno colombiano para detener el creciente número de asesinatos de líderes sociales.

"Estamos preocupados por la actual violencia contra los defensores de los derechos humanos, quienes juegan un papel fundamental para construir una paz justa y duradera en Colombia. Disminuir esta violencia e investigar estos crímenes es una prioridad para Estados Unidos y Colombia y es un asunto que le hemos planteado al gobierno colombiano" declaró el funcionario. 

Desde que Biden tomó posesión como presidente, el 20 de enero, el único contacto de alto nivel que se ha hecho público entre EE.UU. y Colombia es una llamada del 29 de enero en la que el secretario de Estado, Antony Blinken, prometió a su homóloga colombiana, Claudia Blum, que Washington ayudará a Bogotá para asegurar el respeto a los derechos humanos.

En su declaración a la prensa Price destacó que "Es crucial reconocer que los responsables de estas matanzas brutales, son los grupos armados al margen de la ley y narcoterroristas que desatan el caos en el campo colombiano". 

Finalmente el vocero del Departamento de Estado de EE.UU. afirmó que están "orgullosos de trabajar junto a las fuerzas de seguridad de Colombia y la sociedad civil para fortalecer las protecciones a los derechos humanos y la seguridad rural, y para combatir a los grupos narcotraficantes que generan esta violencia".

De acuerdo con las cifras de las Naciones Unidas los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos aumentaron de 41 en 2015 a 108 en 2019; en 2020 documentó otros 53 casos y está verificando 70 más.

Al respecto, HWR señaló en su último informe que “el Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”. 

Sobre la situación se han pronunciado varios funcionarios de la Casa de Nariño, incluyendo a la consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, quien advirtió que “el Gobierno no ahorra esfuerzos para frenar la violencia contra los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos”. También señaló que, “además de la contundencia contra las estructuras criminales y los avances en materia de justicia, se sigue trabajando en la consolidación de la institucionalidad del Estado en las regiones más afectadas por la violencia”.
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