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La Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental, grupo designado por el Congreso de Estados Unidos para evaluar la política antinarcóticos del país en las Américas, concluyó en su más reciente informe que aunque el Plan Colombia fue un éxito como estrategia de contrainsurgencia, fracasó en su lucha contra el tráfico de drogas.

El informe señala que "desde el año 2000, Estados Unidos ha aprobado $ 11,6 mil millones en ayuda exterior para Colombia, incluidos $ 10 mil millones para el Plan Colombia, el programa de ayuda bilateral más grande y duradero en este hemisferio. El Plan Colombia y sus programas sucesores tenían dos objetivos interconectados: 1) frenar la producción de cocaína en un país que proporciona más del 90 por ciento de la oferta estadounidense; y 2) ayudar al Estado colombiano a recuperar la autoridad en regiones marginadas vulnerables a los insurgentes de izquierda y otros grupos armados".

Agrega que "Colombia ha logrado un progreso notable hacia el segundo objetivo. Un estado que hace 20 años parecía al borde del colapso --con guerrilleros insurgentes y grupos paramilitares en control de gran parte del campo, una de las tasas de homicidio más altas de América Latina y una economía en apuros-- es el aliado más firme de Estados Unidos en la región, y se jacta de ser una democracia vibrante con una economía estable y orientada al mercado".

Pero la comisión advierte que "Si bien el Plan Colombia fue un éxito en la contrainsurgencia, fue un fracaso en la lucha contra las drogas. El país es el mayor productor de cocaína del mundo, a pesar de décadas de esfuerzos apoyados por Estados Unidos para erradicar cultivos e interceptar envíos. La cantidad de coca cultivada alcanzó un récord de 212.000 hectáreas en 2019, aun cuando el país redobló sus esfuerzos, erradicando más de 100.000 hectáreas".

La Comisión después asegura que la erradicación es costosa, tiene pésimos resultados, pero, aún así, sigue siendo la principal estrategia antinarcóticos de Estados Unidos y Colombia. También destaca que los expertos que consultaron coincidieron en que “la erradicación de cultivos de coca no es suficiente".

"La erradicación masiva sigue siendo fundamental para la política antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia, a pesar de los enormes costos y los pésimos resultados. En su diálogo de alto nivel en octubre de 2019, los dos gobiernos reafirmaron sus "objetivos conjuntos para 2023 de reducir el cultivo de coca y la producción de cocaína en un 50 por ciento". Esa era la misma meta declarada en el lanzamiento del Plan Colombia en 1999, cuando Colombia cultivó alrededor de 160.000 hectáreas; ahora cultiva más de 210.000 hectáreas" afirma el informe.

Incluso la fumigación masiva no logró el objetivo final de disminuir el suministro de cocaína (es decir, aumentar los precios en la calle) en los Estados Unidos. Los precios de la cocaína en Estados Unidos se han mantenido en gran parte estables durante la última década a pesar de las grandes variaciones en la oferta colombiana. "A menos que el estado sea capaz de brindar seguridad tanto física como económica, la historia de la lucha contra el narcotráfico en Colombia demuestra que los agricultores volverán a la coca, a menudo confiando en las guerrillas u otros grupos traficantes para su protección" destaca el reporte.

Frente a este panorama, el grupo de expertos afirma que los programas de erradicación deben ir acompañados de iniciativas para el desarrollo de las zonas más afectadas por la pobreza, la violencia y el narcotráfico. Por ello, hace una lista de prioridades para la política antidroga del gobierno de Estados Unidos.

Una de ellas es el "utilizar el diálogo de asociación de alto nivel para desarrollar un pacto para la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en el futuro. Los dos países deben formular una estrategia que integre programas de interdicción de drogas, seguridad y desarrollo alternativo en un enfoque integral y focalizado que aborde las necesidades específicas de las comunidades afectadas por organizaciones criminales".

"El diálogo de asociación de alto nivel debe desarrollar indicadores de resultados que midan el progreso de cada región anualmente, utilizando esta revisión para ajustar programas y presupuestos. Este diálogo, que se encuentra actualmente en su novena ronda, también debe involucrar a la comunidad internacional y al sector privado. Por lo tanto, Estados Unidos y Colombia deberían considerar la posibilidad de convocar una conferencia internacional que incluya representantes de otras naciones donantes, organizaciones multilaterales y el sector privado".

El informe también recomienda que "Estados Unidos debe facilitar la asistencia a los desmovilizados en las zonas de posconflicto. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos debería autorizar los programas de desmovilización y reintegración en estas regiones. Restricciones actuales de la OFAC socavan el trabajo de INL y USAID en áreas donde los rebeldes desmovilizados han regresado a la vida civil. Una licencia de la OFAC permitiría al gobierno de Estados Unidos apoyar los esfuerzos del gobierno colombiano para proporcionar medios de vida alternativos a los ex rebeldes y sus familias".
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