El Presidente Iván Duque ofreció hoy la mano amiga del Estado para la desmovilización, pero advirtió que no se permitirán el chantaje ni la intimidación con secuestros. Así lo señaló el Jefe del Estado durante la ceremonia de reconocimiento de las tropas al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova.

“Hoy les decimos a aquellos que fueron reclutados ilegalmente que van a tener la mano amiga del Estado para de desmovilizarse individualmente, que van a tener la posibilidad de cesar esa horrible noche y que van a tener en nosotros toda la franqueza y todo el deseo de facilitar ese proceso”, expresó el Jefe del Estado.

“Pero no vamos a aceptar ningún chantaje, ninguna intimidación. La liberación de los secuestrados debe ser el primero de cualquier acto, si es que pretenden darle alguna demostración al pueblo colombiano, pero no un chantaje porque el secuestro nunca ser aceptado por nosotros como un vehículo de presión”, señaló.

Y exigió el cese de cualquier actividad criminal: 'Nosotros lo que queremos es que todo aquel que se quiera desmovilizar, desarmar y reinsertar lo haga sobre la base de la suspensión inmediata de todas las actividades criminales, pero no tratando de igualarse a las fuerzas de la Constitución y la Ley', aseguró.

El Presidente de la República dijo que no está de acuerdo “con que ahora pretenden algunos intimidar al país buscando ceses al fuego bilaterales mientras cometen actos que son deplorables y deleznables a la luz de cualquier ojo”.

El Mandatario les propuso a las Fuerzas Armadas “un pacto de legalidad, un pacto donde el artículo segundo de nuestra Constitución esté siempre protegida, porque estas Fuerzas Militares y de Policía deben garantizar en todo el territorio la defensa de la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos”.

Hizo énfasis en que “estas Fuerzas Militares y de Policía son las que, bajo ninguna circunstancia, pueden aceptar que en este país el secuestro, la extorsión y el narcotráfico sean considerados delitos conexos al delito político o mecanismos para financiar, promover y ocultar la rebelión”.

Y explicó que por ello se presentó el proyecto de reforma “para que quede claro, a partir de este momento glorioso de nuestro país, que nunca más esos delitos podrán ser empleados por nadie para pretender ganar algún tipo de atribución política”.

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