La Comisión de la Verdad, creada como parte de los acuerdos de paz firmados entre el Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, le envió una carta de seis páginas al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, solicitándole información de inteligencia de las Fuerzas Armadas desde el año 1953.

En cabeza de su presidente Francisco José de Roux, la comisión pretende “Tener a disposición información y acceso a archivos y sus fuentes. Todo ello con miras a la promoción y contribución del reconocimiento, la generación de garantías de no repetición y la construcción de convivencia”.

La carta solicita a la cartera de Defensa documentos que aborden el impacto social de las víctimas, militares y policías, sus familiares y sus entornos, igualmente el abordaje de enfrentamientos frente a los hechos de la violencia. Así mismo solicitan las bases de datos de delitos, violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario, DIH, atribuidos a las fuerzas militares y de policía, grupos guerrilleros y otros grupos ilegalmente armados.

Pero lo que más despierta la preocupación es el requerimiento de delicada información con caracter reservado de inteligencia como los documentos de doctrina de las fuerzas militares, doctrina de inteligencia y de inteligencia, manuales operativos, base de datos de las fuerzas militares y de policía, además de los kardex (archivos de inteligencia) sobre personas, organizaciones y las hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia.

Ante esta petición, las asociaciones de militares y policías en retiro pidieron que la información clasificada no sea entregada a dicha comisión. En una carta firmada por Acore y dirigida al Viceministro de Defensa, la reserva activa expresó los reparos a la forma como se escogieron los integrantes de la Comisión y se indicó que algunos de ellos “no ofrecen ninguna garantía de imparcialidad en razón a sus vínculos directos o indirectos con organizaciones, que tradicionalmente han fungido como detractoras permanentes de militares y policías comprometidos en la seguridad, defensa nacional y vigencia de la institucionalidad democrática que rige en el país”.

Por esta razón, afirman que “consideramos pertinente, si es del caso, dar respuesta a esta supuesta solicitud en forma concreta y categórica, solamente en aquello que esté debidamente fundamentado en justas, precisas y especificas reclamaciones de víctimas o supuestas víctimas resultantes de la actuación de los miembros de la Fuerza Pública en cumplimiento de su misión constitucional, negando el acceso a los archivos que contengan información clasificada en concordancia con la normatividad vigente, partiendo del principio que este tipo de información, bajo ninguna circunstancia, contiene hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos, infracciones al DIH y/o crímenes de lesa humanidad”.

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