El Gobierno Nacional solicitó este viernes la nulidad del fallo emitido el pasado 17 de mayo por la Corte Constitucional que había tumbado dos apartes de la vía rápida legislativa o ‘fast track’, que se utiliza para tramitar de manera expedita las normas necesarias para implementar el Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc.

En el recurso, el Gobierno, a través de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, plantea cinco argumentos entre los cuales afirman hubo una violación al debido proceso, entre ellos, porque no se permitió presentar a tiempo una recusación contra el magistrado Carlos Bernal, así como agrega que no hubo mayoría suficiente para tomar una adecuada decisión y tampoco un tiempo necesario de deliberación.

Además, la Agencia Jurídica del Estado también argumentó que la Corte incurrió en la violación al debido proceso por incongruencia de la sentencia, en relación “con la potestad o no del Congreso de la República para incluir modificaciones contrarias al contenido del Acuerdo Final”.

Por su parte las Farc, representadas por uno de sus cabecillas, alias Jesús Santrich, también presentó el pasado 9 de junio un recurso de nulidad en contra del artículo 5 de la sentencia C-332 de 2017. En la acción firmada por sus abogados Nixon Torres Carcamo y Armando de Jesús Fuentes González, se manifiesta que dicha decisión judicial debe anularse puesto que se presentó una “violación al debido proceso, como derecho fundamental en el Estado Social de Derecho”.

Según ese grupo, con la decisión de la Corte se presentó una sustitución de la Constitución Política de Colombia ya que no se tuvo en cuenta lo expresado en el artículo 22 de la carta política: “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

Cabe resaltar que en su momento, la Corte Constitucional consideró inconstitucionales varias condiciones que había impuesto el acto legislativo; como lo eran el numeral H que establecía que “los proyectos de ley y de acto legislativo solo podrán tener modificaciones siempre que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval previa del Gobierno Nacional”. Este era uno de los puntos que más cuestionados porque impedía que se les hicieran modificaciones a los proyectos del Gobierno y objetar lo allí contenido.

Lo mismo consideró respecto al numero al numeral J de esa reforma que señalaba: “en la comisión y en las plenarias se decidirá sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno nacional, en una sola votación”. Esto obligaba a que las votaciones tenían que hacerse en bloque.

Ambos puntos eran considerados parte del corazón de esta norma, vital en los intereses del Gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero Farc luego de la firma del acuerdo definitivo de paz.

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