Una gran tormenta política surgió a comienzos de esta semana cuando el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, advirtió que un decreto expedido por el Gobierno permitiría que las Farc destinen sus dineros ilícitos a la financiación de su centro de pensamiento político.

El jefe del ente acusador afirmó además que el Decreto-ley 903, que dicta las disposiciones del inventario de los bienes de las Farc, el Gobierno dejó abierta la puerta para lavar los activos de la guerrilla. 


Martinez aseguró que en dicho instrumento normativo quedó planteado que los bienes ilícitos que el grupo alzado en armas entregue, podrán ser utilizados para beneficiar a los excombatientes y en actividades como el impulso a su partido político.´

“Se acaba de expedir un decreto que hemos estado revisando con mucha atención en la Fiscalía, que es el 903 del pasado fin de semana, donde se establece que con ese inventario de bienes se va a constituir un fondo fiduciario que será administrado por el Gobierno pero conjuntamente con la comisión de la CICIP. Eso implicaría que las Farc tendrían, por la lectura que uno hace del decreto, capacidad de administrar sus propios bienes”, sostuvo el funcionario.

La polémica parte de que las Farc entregan sus bienes y activos a una fiducia creada por el Gobierno, los cuales serán utilizados para reparar a las víctimas, pero también se destinarán para la financiación del centro de pensamiento del partido de esa guerrilla y sus actividades políticas, sin aclarar qué porcentaje será para cada propósito “entonces están lavando los activos por medio de un fondo fiduciario que van a terminar administrando de alguna manera las FARC”.

Ante esto el representante del partido Centro Democrático, Edward Rodríguez, anunció que citarán a debate de control político al Comisionado de paz, Sergio Jaramillo, al Ministro del Interior Guillermo Rivera, al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, al presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, y al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Para conocer los alcances del decreto presidencial que permitiría el lavado de los dineros y bienes ilícitos de las Farc, que podrían filtrarse a las campañas políticas.

De acuerdo con Rodríguez, resultan preocupante los anuncios realizados por el Fiscal General de la nación, cuando manifestó que uno de los decretos presidenciales emanados por el gobierno el pasado 29 de mayo, podría facilitarle a las Farc el uso de los dineros productos de sus ilícitos en las próximas campañas políticas.

Luego de esta polémica, el Gobierno Nacional expedirá un nuevo decreto que delimitará la destinación que tendrán los recursos del fondo que se creará, producto de los bienes ilícitos en poder de la guerrilla de las Farc.

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