Un trabajador honesto, un universitario recién graduado o muchas de las personas que hoy sobreviven con un trabajo informal soñarían con tener algún día con el jugoso sueldo que el Gobierno de Juan Manuel Santos le pagará a partir de los próximos meses a 1200 guerrilleros de las Farc luego de su desmovilización.

Esto, gracias al paquete de decretos que el pasado 23 de febrero expidió el Gobierno colombiano para poner en marcha la implementación de la Comisión Nacional de Garantías,que hace parte del acuerdo de paz firmado con las Farc en Cuba. 

En los decretos se ordena la modificación de la planta de la Unidad Nacional de Protección para “crear un cuerpo de seguridad y protección, de naturaleza mixta, integrado por personal de confianza del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de la FARC-EP a la actividad legal”.

Por esa razón 1.2000 desmovilizados de las FARC se vincularán a la Unidad Nacional de Protección en el cargo de Agente Escolta con un jugoso sueldo mensual de $1.825.843 más todos “los derechos salariales y prestacionales contemplados por la legislación”; un salario con el que millones de trabajadores en Colombia sólo pueden soñar.

Pero eso no es todo

Además de esto, esos 1200 guerrilleros estarán armados con poderosas y modernas pistolas Glock de 9 milímetros proporcionadas por el mismo gobierno, lo que significaría que 1 de cada 5 subversivos que se someta a la entrega de armas seguirá armado, esta vez y de manera absurda, por el mismo estado colombiano.

Una grave amenaza para la seguridad nacional

Varios políticos de la oposición reaccionaron ante esta descabellada decisión, como es el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Samuel Hoyos, quien sostiene que estos decretos y la contratación de guerrilleros por parte de la UNP es una grave amenaza para la seguridad nacional.

“El Gobierno debe explicarle al país por qué va a armar a 1.200 guerrilleros de las Farc que integrarán la Unidad Nacional de Protección con un sueldo de 1’800.000 pesos mensuales al servicio del secretariado”, señaló el Representante.

“Unas personas que en teoría deben dejar las armas, es ilógico que el Estado los rearme. Ahora serán guerrilleros armados por cuenta del Gobierno, además 105 guerrilleros integrarán la planta administrativa de la Unidad Nacional de Protección con acceso a información sensible sobre los esquemas de seguridad del Estado“, enfatizó Hoyos.

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