La Fiscalía de Colombia le asestó un duro golpe a los bienes y propiedades de las disidencias y excombatientes de la guerrilla de las FARC: recuperó 277.000 hectáreas, lo que equivale a 2.270 kilómetros cuadrados o dos veces el territorio del aérea metropolitana de Medellín,

Los terrenos estaban ubicados en la zona de la Macarena en la Orinoquia colombiana y fueron devueltos al Estado para que ingresen al Fondo Nacional de Tierras y estos pasen a manos de campesinos que la requieran. Los bienes incautados ascienden a un valor cercano a los 282.000 millones de pesos, un poco más de 98,2 millones de dólares.

Después de una importante labor interagencial del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Judicial de la Superintendencia de Notariado y Registro, fueron congelados bienes a la disidencia de las Farc con fines de extinción de dominio por un valor cercano a los 282.000 millones en los departamentos de Guainía, Bolívar, Meta y Arauca y el sur de Bolívar. 

Durante la investigación se pudo establecer como responsables de estas conductas punibles a disidencias de los frentes Primero, Séptimo, Décimo, Cuarenta y Acacio Medina, este último bajo el mando de alias Jhon 40.

Frente al éxito de la operación, el General Alberto José Mejía Ferrero, comandante del Ejército Nacional, señaló que el apoyo que se le viene dando a la Fiscalía General de la Nación desde siempre ha sido incondicional y que se busca continuar multiplicando este tipo de acciones. 

Minería criminal 

En la intervención en los departamentos de Vichada y Guainía se identificaron seis inmuebles rurales y cuatro sociedades, bienes avaluados en 6 mil millones. Estas propiedades eran utilizadas para la explotación ilegal de minerales como el Tungsteno y Coltán, este último producto de la mezcla de Tantalio, Niobio o Columbito, considerados minerales estratégicos por ser de interés nacional y permitir el desarrollo sostenible del país.

La actividad ilegal que causa contaminación ambiental al suelo y al recurso hídrico y afectación física por sedimentación, se realizaba a través de un título minero ubicado en Cumaribo (Vichada), cuando en realidad los minerales eran extraídos de Cerro Tigre, ubicada en el Parque Nacional Natural Puinawai, una de las tantas riquezas naturales con las que cuenta el país y sobre la cual existe especial protección.

Se estima que durante tres años, utilizando este mecanismo ilegal, se exportaron más de 350 toneladas de minerales, avaluados en 5 millones de dólares. Según la investigación, la práctica ilegal contaba con la participación del Frente Acacio Medina de las Farc.

En este considerado pulmón del país, el Ejército Nacional, demás Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación han mantenido presencia con operaciones como Anostomus I y II en el 2016, consideradas en su momento como las más grandes intervenciones contra este tipo de actos al margen de ley en la última década. 

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sobre el particular señaló que los dineros producto de estas actividades ilícitas eran blanqueados a través de la empresa minera American Mineral World S.A.S. 

Narcotráfico 

En el procedimiento desarrollado en el sur de Bolívar se consiguió la extinción de dominio de 260.000 hectáreas de predios rurales ubicados en los municipios de Simití, Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo, las cuales fueron arrebatadas en su momento a sus propietarios por integrantes del frente 24 de las Farc y que luego se utilizaron para la siembra de cultivos ilícitos. Se trata de cuatro predios baldíos avaluados en 260.000 millones, los cuales tras su recuperación se entregaron a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para su administración.

En el caso de Uribe y Mesetas en el Meta, fueron ubicados terrenos considerados como zonas de reserva natural y que al parecer se encuentran a nombre de testaferros del frente 40 de las Farc. Sobre el particular la Fiscalía dispuso el inicio de un proceso de extinción de dominio de 11 predios urbanos y rurales, 13 vehículos y una sociedad por un valor de 4 mil millones. A esta conducta punible se le asocia desplazamiento y despojo de tierra de familias. 

En el departamento de Arauca se identificaron 17 predios ubicados en el área rural del municipio de Tame y Arauquita. En total son 1.473 hectáreas que están avaluados en 5 mil millones de pesos, bienes localizados en zona de influencia del frente décimo.

Los anteriores predios se habrían utilizado para la comisión de delitos como el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el desplazamiento forzado de personas de la región.
Frente al tema de las disidencias de las Farc, el comandante del Ejército Nacional señaló que se han identificado unas específicas en el Bloque Oriental, representadas en elementos de los frentes Primero, Séptimo, 44 y Acacio Medina y en el Bloque Sur con el frente 14. 

Estas disidencias llegan a sumar 300 individuos. Por orden del señor Ministro de Defensa Nacional mantenemos un monitoreo en el resto de áreas del país, que nos permite conocer de manera anticipada el surgimiento de alguna disidencia. Ese proceso se mantiene y estamos convirtiendo esa información que se recibe por diferentes fuentes, en inteligencia militar, indicó el General Mejía. 

El alto oficial añadió que los grupos que puedan surgir posteriores a la concentración de las Farc, podrían convertirse directamente en grupos armados organizados, es decir, una transferencia directa a banda criminal y por eso no se podrían denominar disidencia. 

El número de disidencia de las Farc al momento es del 5 al 6 por ciento y según los estudios que se hicieron por parte de nuestros planes, se preveía de acuerdo a los procesos vividos en otros países, que podría llegar al 20 por ciento, de manera que tener un número reducido es una buena noticia para Colombia, puntualizó el Comandante del Ejército Nacional. 

Según el General Mejía Ferrero, el resultado de este tipo de operaciones es un verdadero esfuerzo interagencial, seríamos incapaces de realizar una operación de estas si no tuviéramos un aliado tan poderoso e importante como la Fiscalía General de la Nación y la Súperintendencia de Notariado y Registro, es la unión de todo el Estado, cada uno aportando sus capacidades, aseguró.

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