En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, el brigadier general Jaime Ruiz Barrera de ACORE, le reclamó al mandatario porque contrario a su promesa las llamadas líneas rojas en el tema de tratamiento especial diferenciado para agentes del estado, fueron modificadas en el nuevo acuerdo de paz, en prejuicio de los militares y policías de Colombia.

Ruiz aseguró que los grupos de militares de la reserva activa se sorprendieron al conocer las modificaciones del nuevo acuerdo, que van en contravía de lo anunciado por Santos.

La molestia se centra en la adición de un párrafo al artículo 44 del nuevo acuerdo, en el cual se define el concepto de "control efectivo de superiores sobre conductas delictivas de subalternos".

Lo anterior va en perjuicio contra quienes han ejercido los diferentes niveles de mando al interior de las instituciones castrenses.

En la misiva también piden que se elimine la facultad que se les otorga a las ONGs que fungen como defensoras de derechos humanos, para fabricar informes e imputaciones contra los miembros de las Fuerzas Armadas.

A CONTINUACIÓN EL TEXTO DE LA CARTA

Señor Doctor
Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República
Ciudad

Señor Presidente:

El pasado 9 de noviembre, atendiendo su gentil invitación, nos reunimos en la Casa de Nariño, 30 oficiales miembros de la reserva activa de la fuerza pública en representación de 17 asociaciones que conforman nuestra Mesa de Trabajo Permanente. El tema motivo de esta reunión, tuvo que ver con el “Tratamiento Especial Diferenciado para Agentes del Estado”.

En presencia de los asistentes, entre quienes se encontraban el señor Ministro de Defensa Nacional, los señores generales Comandante General de las FF.MM. y Director de la Policía Nacional, los señores generales negociadores plenipotenciarios representantes de las FF.MM. y Policía Nacional ante la mesa de conversaciones en La Habana, y el Doctor Manuel José Cepeda, abogado asesor de la Presidencia de la República, usted señor Presidente, fue enfático en afirmar una vez más, que las líneas rojas establecidas en relación con asuntos de carácter militar o policial, “bajo ninguna circunstancia han sido o serian motivo de discusión o negociación, en el proceso que se adelanta con las FARC”. Agrego también con mucha claridad, que el interés de su gobierno, era el de otorgar, “los máximos beneficios con plenas garantías de seguridad jurídica a nuestros militares y policías”.

En esa misma reunión, se ratificó igualmente el compromiso del gobierno de aceptar unas recomendaciones que fueron formuladas por ACORE para garantizar una mayor claridad y efectividad, en la aplicación de las normas previstas sobre el tratamiento especial a que hacemos referencia.

Una vez discutido y formalizado todo lo anterior, por petición expresa del señor Ministro de Defensa Nacional, se hizo una declaración pública ante los medios de comunicación, en la cual, tanto el gobierno como quienes representábamos en ese momento las diferentes asociaciones del cuerpo de oficiales de la reserva activa, anunciaban al país, “que la justicia transicional constituía en el momento la mejor opción para resolver la situación jurídica de militares y policías en condición subjudice, por causa o razón del conflicto armado que se ha enfrentado por espacio de varias décadas”.

Señor Presidente, al darse a conocer pocos días después el contenido de los nuevos acuerdos re negociados en La Habana, fuimos sorprendidos con inesperadas modificaciones realizadas respecto al tratamiento especial que se nos había anunciado.

La modificación más preocupante, tuvo que ver con la adición de un inexplicable párrafo al artículo 44 del nuevo acuerdo, en el cual y a juicio nuestro, de manera innecesaria se entra a definir el concepto de “control efectivo de superiores sobre conductas delictivas de subalternos”, en la forma como lo establece el cuestionado artículo 28 del Estatuto de Roma.

En este sentido, la aplicación o interpretación de responsabilidad penal con la que se quiere señalar taxativamente a comandantes militares o policiales, excluyendo otro tipo de superiores jerárquicos, muestra claramente la mala intención con que fue introducido, en perjuicio directo de quienes ejercen o han ejercido los diferentes niveles de mando al interior de nuestras instituciones castrenses.

Este cuestionado artículo, tal como lo calificamos, ha sido motivo de rechazo en la legislación interna de diferentes países, y en el caso colombiano, es bien sabido que en el momento actual no forma parte del bloque de constitucionalidad.

Señor Presidente, para discutir este tema y otros igualmente preocupantes en materia de seguridad jurídica, el pasado 17 de noviembre, en reunión extraordinaria de nuestra Mesa de Trabajo con las distintas asociaciones de la fuerza pública, expusimos nuestros puntos de vista a los doctores José Yesid Reyes y Manuel José Cepeda, como también a los señores generales Jorge Enrique Mora Rangel y Oscar Naranjo Trujillo, sin lograr suficiente claridad respecto a la grave e intranquila situación que se presenta.

Señalamos muy puntualmente en esta reunión, la urgente necesidad de eliminar todo lo relacionado con la facultad que se les otorga a las ONGs que fungen como defensoras de derechos humanos, para fabricar informes e imputaciones difamatorias sin elementos probatorios contra nuestras instituciones armadas.

Fuimos enfáticos en determinar la importancia de incluir también como causal de revisión en aquellos casos donde ya existe condena, el de la vulneración a las garantías judiciales al debido proceso.

Expusimos con sobrados argumentos la necesidad de definir con claridad los criterios de selección de lo magistrados de la JEP, en cuanto a idoneidad, carencia de sesgo político, conocimientos y experiencia en derecho operacional y DIH. Igualmente, la de determinar los mecanismos más apropiados para su designación, en forma tal que garanticen plena confianza a los miembros de la fuerza pública y a otros agentes del Estado.

Consideramos de igual manera, la obligante necesidad de crear la norma legal que determine con claridad, que en aquellos casos en los cuales el Estado asuma responsabilidad fiscal de reparación en procesos contra miembros de la fuerza pública, no se aplique el recurso de repetición y su efecto sea de carácter retroactivo.

Para terminar, consideramos inadmisible que las inexplicables y tendenciosas modificaciones a que hemos hecho referencia, se hayan producido en contra de lo que usted ha venido anunciando repetitivamente respecto a beneficios y seguridad jurídica para nuestros militares y policías. A nuestro parecer, todo ha ocurrido en forma extraña a espaldas del mismo Ministerio de Defensa Nacional y del alto mando militar y policial.

Señor Presidente, de no corregirse de manera inmediata el daño causado, tenga la certeza que la moral y la voluntad de lucha de todos nuestros combatientes, se verá gravísimamente afectada.

Atentamente,

Brigadier General Jaime Ruiz Barrera
Presidente Nacional de ACORE

Tomado de: http://www.thaniavega.co/blog/militares-preocupados-por-modificaciones-en-supuesto-nuevo-acuerdo-con-farc/

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