El procurador General, Alejandro Ordoñez, rechazó la directiva que expidió el presidente Juan Manuel Santos, sobre las atribuciones y las prohibiciones que tendrán los funcionarios públicos para realizar 2 actividades específicas en torno al plebiscito por la paz, la primera, la difusión y pedagogía sobre los acuerdos y la segunda, la campaña a favor o en contra del acuerdo con las Farc.

“Se pretende cabrestear al ciudadano a una determinada opción, contrariando las disposiciones legales. No puede identificarse el voto por el sí con el sí a la paz. La decisión de la Corte Constitucional es clarísima: aquí no se está votando por la paz, se está votando es por un acuerdo Santos-Timochenko. Ni votar sí es votar por la paz, ni votar no es votar por la guerra, es necesario que no haya publicidad engañosa”, aseguró hoy el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, en referencia a la reciente sentencia del alto tribunal en materia de plebiscito y las tentativas de promotores de campañas en la materia bajo premisas falsas, que podrían atentar contra lo dispuesto legalmente. 

“Le corresponderá al Consejo Nacional Electoral neutralizar las campañas engañosas que puedan estar siendo promovidas. No me refiero a una u otra campaña, me refiero a cualquier campaña (…) La autoridad encargada de ejercer control sobre las conductas oficiales no es el presidente de la República”, explicó al ser preguntado por periodistas sobre la directiva del primer mandatario a los funcionarios públicos sobre la promoción de una de las opciones del plebiscito.

El jefe del órgano de control reiteró que está reglado el uso de bienes públicos en el plebiscito e hizo un llamado para que todos aquellos que sean presionados para votar por una u otra opción, denuncien ante las autoridades competentes.

“Solamente pueden utilizarse recursos públicos en igualdad de condiciones entre los que irían a apoyar el sí y los que irían a apoyar el no. El fallo de la Corte es muy claro y las normas estatutarias sobre estos aspectos son diáfanas, no ameritan mayor duda. No pueden los funcionarios públicos presionar a los contratistas para que apoyen determinada posición, sea el sí o el no. No puede depender la permanencia en el servicio público por el apoyo al sí o al no. No pueden los funcionarios públicos presionar a otro funcionario público o a cualquier ciudadano para votar en un determinado sentido.

Los ciudadanos deben acudir al Ministerio Público, a los órganos de control, al Consejo Nacional Electoral. Contratistas, si los están presionando, acudan a las autoridades. Funcionarios públicos, si su permanencia depende de apoyar una u otra opción, acudan a los organismos de control. Somos los encargados de proteger la libertad en el voto y la legitimidad del proceso. Ya hay quejas en varias ciudades”, precisó.

Las declaraciones del procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se dieron en desarrollo del acto de instalación de la ‘V Semana de la Participación Ciudadana’ en la sede central de la Entidad en la ciudad de Bogotá.

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