Procurador General Colombia Alejandro Ordóñez Maldonado dijo el lunes que el gobierno de su país ha otorgado demasiado concesiones a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en los procesos de paz que están siendo llevado en La Habana, creando las condiciones para que la organización guerrillera siga robusteciendo sus operaciones de narcotráfico.

Ordóñez, quien habló en un foro realizado en Doral por la Universidad Carlos Albizu, acusó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos de ceder demasiado ante la guerrilla en las conversaciones de paz que se realizan en Cuba.

El jefe del Ministerio Público lamentó que el Estado colombiano no despliegue todos sus recursos en busca de los millonarios recursos de las FARC, producto de su accionar criminal, e insistió en la necesidad que tiene Colombia de arrebatarle la posesión de las tierras a los despojadores, es decir, las guerrillas de las FARC, el ELN y a las bandas criminales y organizaciones paramilitares.
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"LAS FARC dicen que no tienen dinero y lo peor, lo más preocupante, es que el señor presidente de la República les cree. En los acuerdos que conocemos no se establece que FARC reparen a las víctimas con su fortuna. Los colombianos debemos reparar con nuestros impuestos", explicó.

Puntualizó el procurador Ordóñez en los riesgos y en las actuales consecuencias que sufren el país y otras naciones por causa del “desmonte subrepticio” de la política en contra las drogas.

"Las FARC harán política financiadas con el dinero del narcotráfico, ellos son narcotraficantes (…) Al narcotráfico, en estas negociaciones, le han hecho todas las concesiones, ni siquiera en la época de Pablo Escobar se había visto esto. El Gobierno acabó con extradición para los capos del más grande cartel del narcotráfico en Colombia, las FARC".

Por más de una hora y media, el jefe del órgano de control planteó a colombianos radicados en Florida las advertencias que la Entidad ha realizado, en desarrollo de sus funciones constitucionales, en relación a los acuerdos y negociaciones del Gobierno Nacional y la organización criminal FARC en La Habana (Cuba).

Impunidad en materia de justicia a los máximos responsables de genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad; concesiones a las organizaciones narcotraficantes; desconocimiento de mecanismos reales de consulta popular; control territorial; y revictimización al permitir que victimarios diseñen políticas públicas tras la firma del acuerdo, algunos de los temas analizados.

"Encontramos que frente a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, la pena sería trabajo comunitario. Si no se cumplen los mínimos internacionales, los acuerdos no van a ser sostenibles, es decir, deben existir penas privativas de la libertad. No olvidemos que la paz es fruto de la justicia", dijo el procurador de los colombianos, quien calificó de “impunidad” el acuerdo en materia de justicia entre Gobierno y FARC.

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