El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado solicitó al Ministerio de Defensa aclarar presuntas presiones de las Farc para provocar el retiro del brigadier general Mauricio Enrique Forero Cuervo, quien se venía desempeñando como jefe de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando Central del Ejército Nacional cuando estalló el escándalo del llamado hacker Andrés Sepúlveda.

De acuerdo a lo expuesto por el señor general Forero Cuervo, el comandante general de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez, le solicitó la renuncia del servicio activo debido a un “requerimiento de carácter político”, el cual estaría relacionado con la “intención de Timoleón Jiménez, alias ‘Timochenko’, máximo cabecilla de las FARC”, de retirarlo “valiéndose de una estrategia que en su momento incluyó a la Revista Semana”, según lo entregado por el alto oficial.

El documento que examinó el jefe del Ministerio Público señala que la situación “fue conocida a través de una comunicación estratégica obtenida el 26 de septiembre de 2014 por el brigadier general Martín Fernando Nieto”, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, el cual fue puesto en conocimiento del exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y del general Juan Pablo Rodríguez.
Según la solicitud, con esta decisión el Gobierno Nacional cumpliría la petición de las FARC de castigar al brigadier general por las operaciones que él llevó a cabo en contra del grupo insurgente.

Por ello, el procurador general de la Nación solicitó remitir a su despacho la citada comunicación estratégica del 26 de septiembre de 2014, la hoja de vida del brigadier general Mauricio Forero Cuervo e indicar si existen investigaciones disciplinarias en su contra o decisiones e informar sobre las actuaciones que han surtido respecto a estas denuncias.

En la comunicación, el procurador general de la Nación aseveró que “sería de máxima gravedad que la continuidad de soldados y policías estuviera interferida por intereses criminales que, con la excusa de un proceso de paz, permitiera a las FARC disponer sobre la carrera de los integrantes del Ejército Nacional, desconociendo el examen objetivo de los méritos superiores con los que cuenta un miembro de la institución para permanecer y ascender en la misma”.

“Muy lesivo para la unidad de la Fuerza Pública y la legitimidad del mando civil y militar que los esfuerzos que se adelantan en La Habana pudieran de algún modo condicionar al Gobierno Nacional en sus decisiones respecto a qué oficiales o suboficiales continúan o no en la institución castrense. Los resultados en el combate a las FARC que contribuyeron a mejorar la seguridad de los ciudadanos, proteger sus derechos y doblegar a esa organización criminal, no pueden convertirse en tacha para que oficiales y suboficiales continúen activos en las Fuerzas Militares”, concluyó el jefe del Ministerio Público.

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